El asesinato de Sacramento Roca a manos de su expareja, Rafael Pantoja, la semana pasada en Palma, vuelve a poner de manifiesto que el error de los profesionales en la valoración del riesgo en el que encuentra una mujer que denuncia amenazas o agresiones puede ser fatal. En el caso de Roca, de 36 años y madre de dos niñas, el resultado de ese error ha sido su asesinato, cuatro días después de que acudiera a la Policía Nacional para denunciar que su ex la acosaba desde hacía un mes, le enviaba decenas de mensajes y fotos de ella y una de sus hijas con el rostro tachado; había colgado carteles con su teléfono ofreciendo sexo, merodeaba por su trabajo, le había rajado las ruedas del coche... El policía tramitó la denuncia sólo por los daños al vehículo, se limitó a tomar en consideración las ruedas rajadas del coche e ignoró el resto de circunstancias que deberían haberle encendido la luz de alarma. Porque era un episodio de violencia machista, no de daños intencionados, como se tramitó. De modo que la Policía Nacional no ofreció a la víctima las medidas de protección que establece el protocolo de violencia de género, y cuatro días después el acosador, que había actuado con total impunidad hasta entonces, la apuñaló cuando ella estaba en su puesto de trabajo, en una tienda de muebles.

Es un nuevo caso que evidencia la necesidad urgente de formar en violencia de género a todos los profesionales que pueden tener relación con las víctimas en un momento determinado. Los policías de todos los cuerpos de seguridad son una pieza clave, pues las atienden cuando van a pedir ayuda, por lo que deben conocer en profundidad las peculiaridades de la violencia machista, para saber valorar con precisión el riesgo que corre esa mujer y que no la dejen desamparada, como ocurrió con Roca. Tampoco cuatro guardias civiles hicieron caso a Lucia Patrascu cuando acudió a pedir ayuda al cuartel de Pollença en 2016: ella estaba aterrorizada y quería denunciar a su marido, «no sé lo que es capaz de hacer», explicó, pero los guardias decidieron que se trataba de un conflicto civil, de divorcio, y la mujer se fue sin denunciar ni obtener protección. Cinco horas después su marido la asesinó en su casa. Otra negligencia fatal con resultado de muerte. Una muerte que se podría haber evitado si los guardias que estaban esa noche en el cuartel hubieran hecho su trabajo.

Es muy imprudente animar a las víctimas a denunciar si después las mujeres se encuentran en comisarías y cuarteles con personas sin sensibilidad que no son capaces de poner en marcha los protocolos para protegerlas. Es una auténtica temeridad. Por tanto, es urgente poner en marcha un plan de formación continua obligatorio y en profundidad sobre violencia machista que habilite a estos profesionales para atender a las mujeres que se arman de valor y acuden a denunciar. Pero esto tampoco es suficiente: es precisa una supervisión permanente, que permita detectar si hay personas que no están capacitadas, por falta de formación o por sus propios prejuicios, para actuar ante un caso de violencia de género. No podemos dejar en manos del azar, es decir, de quien esté ese día en la ventanilla, la integridad física y la vida de las mujeres maltratadas y sus hijos. Asimismo, es necesario revisar los fallos en el sistema de atención o en los protocolos y corregirlos cuanto antes.

La formación es fundamental también para los trabajadores judiciales de todos los estamentos, así como para los sanitarios (que pueden detectar casos de malos tratos en sus consultas), educadores y servicios sociales.

Pero además, es necesario investigar, corregir y castigar si es preciso los errores que se cometen a la hora de valorar el riesgo que corre una mujer. Porque hay vidas en juego y no hay tiempo que perder.