Torres convocará la Comisión Bilateral con Aragón tras el "contundente" informe de la ONU sobre las "leyes de concordia"

"La comunicación de la ONU es contundente y demoledora". El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España, Ángel Víctor Torres, se mostró está mañana satisfecho con el informe que los relatores de Naciones Unidas han hecho sobre las denominadas “leyes de concordia” que han sido tramitadas en tres de los territorios -Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León- donde PP y Vox gobiernan en coalición. Un texto que da la razón al Ejecutivo central al considerar que las normas “vulneran los derechos humanos e invisibilizan a las víctimas del "régimen dictatorial franquista".

La comunicación exige a las comunidades autónomas y al Gobierno de España que corrija esas leyes y que se adopten "todas las medidas necesarias" para garantizar el estricto respeto de los estándares internacionales de los derechos humanos y el Ejecutivo central no está dispuesto a perder ni un minuto. El ministro canario anunció esta mañana que citarán la semana que viene a Aragón para una negociación bilateral para "encauzar" la ley y que vuelva al camino del respeto a los derechos humanos. "Si no hay acuerdo con el Gobierno de la comunidad o no quiere sentarse, iremos lógicamente al Tribunal Constitucional", advirtió.

La ONU concluye que las "leyes de concordia" de PP y Vox vulneran los tratados internacionales

La Comunidad Valenciana y Castilla y León todavía no han aprobado definitivamente sus textos, por lo que están a tiempo de realizar modificaciones por su cuenta. "Deben sentarse a analizar la comunicación y volver al cauce de la defensa de los convenios internacionales de los derechos humanos", insistió Torres. Si esto no ocurriera y se aprobaran las normas tal cual están redactadas ahora, el Gobierno actuaría con la misma contundencia que con Aragón.

Subvenciones

Torres subrayó que la ONU destaca en su informe que las normas "no pueden comparar años de dictadura de totalitarismo y de ausencia de libertades, como fueron los 40 años del franquismo, con los años de democracia de la segunda república". El responsable del departamento de Memoria Democrática recalcó que en este tipo de leyes "nada puede estar implícito", haciendo referencia a que el informe de la ONU pone énfasis en que los textos analizados retiran la condena a la dictadura. Además, el documento de Naciones Unidas critica las limitaciones y ausencia de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la recuperación de la memoria histórica que establecen las "leyes de la concordia".

El ministro aprovechó para atacar al PP acusándolo de "sumisión" a la ultraderecha. "Lo que ahora proponen los populares va incluso en contra de lo que ellos mismos aprobaron en legislaturas anteriores", recordó y tildó de "bulos" los proyectos de estos gobiernos. "Estas proposiciones de ley son un bulo porque lo que intentan hacer es blanquear la dictadura, haciéndole ver a la sociedad que es un régimen democrático y nunca lo fue", apuntó.

PP y Vox cuestionan el informe de la ONU y arremeten contra la ley de memoria democrática

"Verdadera amenaza"

Desde el Gobierno central consideran que este tipo de cuestiones suponen una "verdadera amenaza" que puede conducir a episodios como el ocurrido en Milán donde el pasado miércoles se concentraron más de 1.500 neofascistas en homenaje a Sergio Ramelli, un estudiante vinculado a las juventudes del Movimiento Social Italiano (MSI) y asesinado en Italia en los años 70. "Son manifestaciones autorizadas por el gobierno de ultraderecha de Italia, en la que vemos a personas que esbozan símbolos nazis, fascistas, que elevan la mano en señal de totalitarismo y representan justamente símbolos que nada tienen que ver con la libertad individual ni colectiva", explicó el ministro.

El documento de la ONU está firmado por el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabian Salvioli; la presidenta del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Aua Baldé; y el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz.