Feijóo busca salvarse del naufragio judicial provocado por el PP con el SOS a Reynders, por Ernesto Ekaizer

Didier Reynders, (Lieja, Valonia, Bélgica, 1958), licenciado en Derecho y comisario europeo de Justicia ha sido el mediador de facto en su calidad de comisario europeo de Justicia del proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el tan mentado como depreciado "gobierno de los jueces" de España. Mediador porque el Partido Popular ha apelado de manera recurrente a sus buenos oficios en los últimos años. Un hombre con dilatada trayectoria en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha forjado una relación amistosa y profesional con Reynders. Todas estas apelaciones han desembocado ahora en la propuesta de Reynders como "mediador de iure", por así decir, o mediador/verificador formal.

De un asunto feo se sale como se puede, dícese que escribió Balzac. La manera de salvarse del naufragio del 'titanic' judicial provocado por el PP (desde Pablo Casado a Alberto Núñez Feijóo) es ahora, pues, mediante un SOS, una llamada de socorro, a Bruselas, al comisario, que no capitán de barco, de Justicia, el sempiterno ministro de las administraciones gubernamentales de Bélgica.

Los planes de Feijóo

Feijóo ya tenía el diseño del titánic a punto. Mantendría el bloqueo hasta llegar a La Moncloa porque en las elecciones generales, previstas para diciembre de 2023 o enero de 2024, obtendría, según aseguraban los sondeos de los que el PP se fiaba, mayoría absoluta con Vox. Se trataba en este supuesto de estirar el bloqueo a la renovación del CGPJ hasta pisar Moncloa.

Una fuente judicial con conocimiento de los planes de Feijóo lo ha explicado así a EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica.

"Ellos tenían certeza de ganar las elecciones y conseguir mayoría absoluta con Vox, derogar la ley de 2021 que limita las funciones del CGPJ que prohíbe los nombramientos por parte de un órgano en funciones, derogación que se haría sin pérdida de tiempo, hacer que el actual CGPJ con mayoría conservadora hiciese los 80 nombramientos pendientes, se llenase el Tribunal Supremo de las presidencias de Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de las CCAA con presidentes conservadores y luego hacer una ley de reforma para la elección de jueces. Pero ya con los nombramientos hechos" señala la fuente.

Ahora los dos objetivos no son factibles. Ni devolver las competencias al Consejo actual, ni aprobar una modificación de la ley orgánica para instaurar un nuevo sistema de elección de los vocales procedentes del sector de jueces por los mismos jueces de forma directa. Esto se llama atolladero. ¿Por qué? Porque persistir en ese bloqueo exige otros cuatro años (hasta las elecciones generales) más con este guirigay.

Porque los mismos jueces a los que Feijóo dice querer representar han perdido la paciencia.

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El bloqueo del CGPJ

El CGPJ está en descomposición, el grado de agresividad del sector conservador capitaneado por el abogado José María Macías, socio del bufete Cuatrecasas, registra grietas, con un presidente en funciones, Vicente Guilarte, que se distancia en las batallas más inútiles y partidistas, y sobre todo, porque los jueces quieren que se reanuden los nombramientos.

"Mucha gente tiene paralizada su carrera. Los TSJ están presididos por gente agotada o que se ha jubilado, le sustituye el más antiguo sin la capacidad para hacerlo, lo mismo pasa en las audiencias provinciales. Hay personas con aspiraciones que llevan largos años de carrera destacando y no pueden llegar a una presidencia por este bloqueo de cinco años. Y en el Tribunal Supremo, lo mismo. Magistrados a los que se les está pasando el arroz porque llega un momento en que dicen 'oiga me va a quedar muy poco para jubilarme, ya no merece la pena ir al Supremo'. Incluso la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) presiona para que se renueve el CGPJ".

Ahora también Feijóo quiere aprovechar para nombrar a "su" candidato personal para ocupar una vacante en el Tribunal Constitucional, la que dejó en julio de 2022 el magistrado elegido por el Senado, a iniciativa del PP, Alfredo Montoya, al renunciar por motivos de su salud.

Feijóo ya colocó al magistrado de lo contencioso-administrativo José Luis Costa Pillado (Cambados, 1954) en la presidencia del Consello Consultivo en 2014 y el Parlamento gallego le propuso formalmente el 8 de febrero de 2023, tras una votación de 42 votos -mayoria del PPdeG- a favor y 32 se abstuvieron con voto en blanco para sustituir a Alfredo Montoya en el Tribunal Constitucional.

Pero para conseguir este nombramiento la mayoría absoluta del PP en el Senado no es suficiente porque según la Constitución se requiere mayoría de 3/5 de los miembros. Necesita, pues, el respaldo del partido Socialista, un respaldo que ya estaba concedido en el acuerdo entre González Pons y el entonces ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, frustrado en octubre de 2022.

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La sentencia del TEDH

El otro argumento utilizado ahora por Feijóo como bote salvavidas es que el PP aceptaría renovar el CGPJ por cinco años (plazo de la ley vigente) "al mismo tiempo" que acordar una ley para reformar la ley orgánica vigente para el sistema de nombramiento de los vocales. Este sistema viene de la reforma de José María Aznar y de la introducida por Mariano Rajoy. Ninguno de los dos, que contaba con mayoría absoluta, modificó el sistema cuando estaba en condiciones de hacerlo para que "los jueces elijan directamente a los doce jueces" que forman parte del CGPJ.

Problema: hay una sentencia de junio de 2023 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que estimó el recurso de seis magistrados candidatos a vocales de la asociación Francisco de Vitoria, cuyos nombres fueron enviados al Congreso para proceder a la selección de los mismos.

Según el TEDH, se ha vulnerado los derechos fundamentales de las personas que participaron en el proceso si el procedimiento iniciado no se culmina, no porque tengan un derecho fundamental a ser elegidas, sino porque les asiste un derecho fundamental a que el proceso que se inició se termine.

Los seis candidatos tenían derecho al procedimiento de selección abierto en las Cortes Generales y este proceso, señala la sentencia del TEDH, "debía cumplir con ciertos criterios, que eran de aplicación general para la igualdad de acceso a las funciones públicas o cargos y la función pública de derecho español, tales como los criterios de mérito y capacidad" y que el propio Constitucional ha advertido "específicamente contra los riesgos relacionados con cualquier enfoque partidista" por parte de los grupos políticos dominantes.

"Si prescindes de estos seis candidatos preseleccionados el guirigay podría ser todavía ser mayor porque podrían conseguir la anulación de todo lo que se haga a través del cumplimiento de la sentencia de Estrasburgo" señala un magistrado consultado.

Precisamente: el TC desestimó sin entrar al fondo el recurso presentado por los miembros de la Asociación Francisco de Vitoria en 2021 expedientando el asunto a través de una providencia en el que se calificaba como caducado el plazo para solicitar el amparo.

El TEDH también propina en su sentencia de junio de 2023 un varapalo al TC por considerar que no dio explicación alguna en la desestimación y que no existen plazos porque la vulneración es permanente.

El Tribunal Constitucional ha creado una comisión que estudia la ejecución de la sentencia del TEDH, un tema que tendrá que resolver de manera prioritaria tras la pausa de las Navidades, pero que, según fuentes jurídicas, no se distanciará del núcleo esencial de la sentencia de Estrasburgo.

Ahora bien, ¿por qué Feijóo insiste en que es "razonable" renovar el CGPJ y "al mismo tiempo" aprobar una nueva ley para elegir a los jueces? Si la renovación del CGPJ, como establece la ley vigente, son cinco años, el nuevo sistema no podrá aplicarse hasta cuando este CGPJ agote sus funciones, es decir, en cinco años.

De aquí a entonces vaya usted a saber quién va a gobernar en España. El PP, como se ha apuntado, no hizo lo que ahora promete en ninguno de los gobiernos con mayoría absoluta cuando podía cambiar la ley.

Y a la luz de la proposición de ley de amnistía, incluso una nueva ley para el cambio de sistema de elección supondría con un procedimiento de urgencia alrededor de seis meses. O

Feijóo propone para salirse del naufragio que ha provocado el PP elaborar una proposición de ley por trámite de urgencia ¿para una ley que no se aplicará hasta dentro de cinco años?