El Constitucional decide si los condenados a cárcel en los ERE salen en libertad

El Tribunal Constitucional decidirá en su pleno de esta semana, que se celebra entre este martes y el próximo jueves, si estima la medida cautelar solicitada por los condenados a cárcel en el caso de los ERE de Andalucía. De responder afirmativamente, ello supondrá la salida de la cárcel los seis exaltos cargos que en la actualidad y desde finales de diciembre de 2022 y principios de enero de 2023, según los casos, permanecen en prisión. Gozarían de libertad en espera de que se resuelva el fondo de su recurso, que apela a la vulneración de derechos fundamentales.

Al admitir a trámite los doce recursos elevados al Constitucional por los condenados en la cúpula política en el caso ERE, lo que ocurrió el pasado junio, la Sala denegó las medidas cautelarísimas de suspensión de la pena privativa de libertad planteadas por la defensa del expresidente José Antonio Griñán y otro de los condenados, y optó por abrir una pieza separada que es la que se ha avocado al Pleno -integrado por once magistrados, pero de mayoría también progresista- para estudiar la posible suspensión de la ejecución de las condenas. Esa pieza es lo que ahora se resuelve.

Falta de precedentes

El sentido de lo que pueda resolver el Constitucional está en el aire y las versiones de los juristas consultados difieren. La doctrina del Alto Tribunal señala que no hay precedentes de suspensión de prisión cuando la pena impuesta ya se está cumpliendo y sea de más de cinco años. En ese caso, lo previsible sería rechazar suspender las penas de cárcel.

Sin embargo, tanto las defensas de los condenados como otras fuentes consultadas próximas al Constitucional subrayan que los doce recursos fueron admitidos a trámite porque el tribunal consideró que “no se puede descartar la verosimilitud de las vulneraciones de derechos fundamentales alegadas por los recurrentes”. “No fue un trámite”, recalcan estas fuentes, por lo que no cabría descartar, insisten, que se suspenda la prisión.

Griñán y Viera, fuera

El expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, nunca llegó a pisar la prisión tras decidir la Audiencia Provincial de Sevilla el pasado junio que el cáncer de próstata que padece, del que se está tratando, desaconsejaba su ingreso. Esa suspensión de la pena de cárcel se fijó por cinco años. Así lo aconsejó la médico forense a la que se le pidieron varios informes. La defensa de Griñán apeló al artículo 80.4 del Código Penal, que prevé la suspensión de las penas en caso de enfermedad grave o padecimiento incurable.

Al quedar suspendida su pena de cárcel, Griñán retiró del Constitucional su solicitud como medida cautelar de que sea revocada la prisión aunque mantiene su recurso a la condena de seis años por malversación y prevaricación en los ERE, en su etapa como consejero andaluz de Hacienda.

También duerme ya en su casa el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, que el pasado junio accedió al tercer grado penitenciario y a un régimen de semilibertad por el cáncer que padece. Viera, que fue condenado a siete años de cárcel por prevaricación y malversación en el caso de los ERE por su etapa como consejero de Empleo, ingresó en la prisión de Huelva el pasado 2 de enero, donde permaneció hasta el 9 de junio.

Aunque Griñán ha renunciado a pedir al suspensión de cárcel, ya otorgada por la Audiencia, siguen adelante los recursos del resto de condenados y el Constitucional tiene en el orden del día resolver sobre sus medidas cautelares y la petición de suspensión de condenas en prisión.

Están en prisión

En la actualidad permanecen en la cárcel seis de los ocho exaltos cargos condenados a cárcel en los ERE. El exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, que cumple su pena en la cárcel del Puerto III (Cádiz), el exconsejero de Innovación, Francisco Vallejo, su exviconsejero, Jesús María Rodríguez, y el exdirector general de la Agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano, todos en la cárcel de Sevilla I. Igualmente permanece en prisión la exviceconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo. Todos entraron en la cárcel para cumplir su condena las pasadas Navidades, ya que la Audiencia fijó el plazo de ejecución de la sentencia del Supremo a principios de enero de 2023.

El exviceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, tampoco entró en la cárcel en el momento que lo hizo el resto de sus compañeros ya que, como el expresidente Griñán, solicitó la suspensión por padecer una enfermedad incurable. Sin embargo, en sentido contrario a lo decidido para el expresidente, la Audiencia ordenó finalmente su ingreso en la cárcel el pasado mes de abril. Lo hizo también en el Puerto III (Cádiz), donde está su exjefe en Empleo, Antonio Fernández. En su caso, la Audiencia finalmente determinó que podía ser tratado en la cárcel sin riesgo para su vida.

La pieza política

Fueron un total de ocho los exaltos cargos de la Junta de Andalucía que fueron condenados a prisión en el caso de los ERE, dentro del juicio del llamado “procedimiento específico” y que juzgó el sistema por el que se habían repartido hasta 680 millones de euros de fondos públicos para pagar expedientes de regulación de empleo y ayudas a empresas en crisis.

El Tribunal Supremo consideró que la cúpula del Gobierno andaluz creó y mantuvo, de 2000 a 2009, un sistema de concesión de ayudas sociolaborales pensado para evitar “todo control administrativo”, disponiendo del dinero público “de forma discrecional” y “al margen de toda legalidad”. La Audiencia de Sevilla ya dictó su condena asegurando que se vulneró la ley “a sabiendas de la ilegalidad del proceso”.

La condena del Supremo contó con el voto particular de dos de los cinco magistrados, que señalaron que ni el expresidente Griñán ni otros cuatro exaltos cargos malversaron. La condena supone, según este voto particular, “un arriesgado salto en el vacío”, pues atribuye a los cinco acusados que eran ajenos a la Consejería de Empleo “un dolo eventual de difícil encaje en el delito de malversación, con respecto a un resultado fraudulento producido por terceros”. Ni Hacienda, que diseñaba los Presupuestos, ni Innovación, que pagaba las cantidades a través de la Agencia IDEA, habrían participado en la malversación del dinero público, según estas dos magistradas. En este grupo estarían Griñán, su viceconsejera Carmen Martínez Aguayo, el exconsejero Francisco Vallejo, su viceconsejero Jesús María Rodríguez, y el exalto cargo de IDEA Miguel Ángel Serrano.

El Tribunal Constitucional aceptó, el pasado junio, analizar si el procedimiento penal y las penas dictadas contra los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros diez condenados por la trama de los ERE en Andalucía supusieron alguna vulneración de sus derechos fundamentales. Fuentes jurídicas explicaron a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, que la decisión se adoptó por cuatro apoyos frente a dos, los de los magistrados del sector conservador César Tosa y Enrique Arnaldo, que votaron en contra y formularon voto particular. Los recursos de los condenados, además de los que ya se han mencionado que tienen pena de prisión, se elevaron por el expresidente Manuel Chaves, la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías y el exviceconsejero Antonio Lozano, todos condenados por prevaricación.