Griñán no entrará en la cárcel por su cáncer "grave e incurable"

La Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda suspender por un plazo de cinco años la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta por el caso ERE al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán debido a la enfermedad que padece, según un auto notificado este lunes a las partes personadas y contra el que cabe interponer recurso de súplica.

El tribunal accede de este modo a la solicitud de suspensión de la pena privativa de libertad realizada por la defensa del expresidente de la Junta de Andalucía en base al artículo 80.4 del Código Penal, que dispone que los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables.

El expresidente andaluz, condenado a seis años de cárcel por malversación en el caso de los ERE, padece un cáncer de próstata que el médico forense evaluó como "muy grave" e "incurable", advirtiendo de que su ingreso en prisión podía poner en riesgo su vida mientras dura el tratamiento al que se está sometiendo.

La Audiencia “ya concedió al penado un aplazamiento sobre la decisión de la suspensión de la ejecución de la pena hasta que concluyeran las sesiones de radioterapia” y ahora se toma esta decisión de forma definitiva.

El informe forense

Los magistrados agregan que, a la vista de informes posteriores, y una vez terminada la radioterapia se pidieron nuevos informes médicos al Instituto de Medicina Legal, al considerar que su enfermedad parecía "compatible con el ingreso en centro penitenciario". No lo estimó así el médico forense, que en un informe con fecha 15 de junio de 2023, concluyó que el expresidente “se encuentra aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables en los términos que señala el artículo 80.4 del Código Penal, sin perjuicio de las consideraciones que se añaden en el presente informe médico forense que hacen desaconsejable su ingreso en centro penitenciario”.

La Sección Primera de la Audiencia subraya que “este Tribunal, en casos como el presente, referidos a cuestiones médicas, se ve sometido a los criterios técnicos del experto en la materia cuyos conocimientos son esenciales para poder resolver sobre el fondo de las cuestiones jurídicas planteadas”.

"A la vista del informe de la médico forense, experta en la materia, a la que ha sido remitida la documentación obrante en la causa, esta Sala no puede sino acordar la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad por plazo de cinco años con los apercibimientos legales, teniendo en cuenta además los informes de las acusaciones que no se oponen a la concesión del beneficio solicitado por la representación del penado”.

Riesgo para su vida

Según la médico forense recogió en su último escrito, es necesario "evitar entre otros el peligro de infecciones en personas con un sistema inmunológico deprimido y que pueden suponer riesgos vitales por la edad (77 años) y la propia enfermedad". El Instituto de Medicina Legal se remitía además a los propios informes del centro penitenciario que advertía de la falta de médicos en la cárcel y en los problemas para los traslados de presos al centro hospitalario por carencia de recursos.

El pasado enero entraron en prisión seis de los ocho condenados con penas de cárcel por el caso ERE en la pieza política que juzgó el procedimiento por el que se repartieron 680 millones de euros públicos en una década, desde el año 2000 y 2009. Entraron en la cárcel cuatro ex consejeros (José Antonio Viera, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo y Antonio Fernández), dos ex viceconsejeros (Jesús María Rodríguez y Agustín Barberá), y un ex director general de la empresa pública Idea (Miguel Ángel Serrano). Finalmente el pasado abril, otro de los condenados, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, que también padece un cáncer incurable también ingreso en la cárcel, donde se consideró que puede recibir el tratamiento que necesita.

Griñán, como otros condenados, ha elevado un recurso de amparo al Tribunal Constitucional que ha sido admitido y está pendiente de discusión por el pleno del órgano. En su condena, ratificada por el Supremo, hubo dos votos particulares que consideraban que su condena por malversación, como consejero de Hacienda, suponía un "arriesgado salto al vacío" por sostenerse en "meras especulaciones".