Formación de Gobierno

Sumar apuesta por explicar bien la 'amnistía' para que tenga el aval social de los indultos

Creen que la sociedad española ha dejado claro, tras el resultado del 23J, que está preparada para abordar este tema

La dirigente de Sumar y vicepresidenta del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz.

La dirigente de Sumar y vicepresidenta del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz. / Elisenda Pons

Marisol Hernández

Con la verdad por delante, sin subterfugios nominales ni ejercicios de ocultación o enmascaramiento. Así quiere Sumar que se 'venda' una posible ley de amnistía, el peaje que Junts exige para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, que permitiría la continuidad del Gobierno de coalición. La formación de Yolanda Díaz defiende sin ambages que esta demanda, para las cerca de 4.000 personas que se han visto afectadas jurídicamente por el procés, tiene "encaje constitucional" y que si se explica bien los ciudadanos lo entenderán.

Desde Sumar se sostiene que "los españoles son maduros y lo han demostrado en las elecciones generales del 23J". Por eso defienden que hay que tratarles "con honestidad". "La sociedad española está preparada para hablar de temas serios", aseguran fuentes de la formación. Esto supone que, según su punto de vista, la apuesta por desjudicializar los hechos vinculados con el intento institucional de secesión de las miles de personas que aún permanecen encausadas, debe hacerse a las claras, con un discurso político muy bien trabado que ayude a transmitir la decisión. No hay temor a que contar por qué y para qué se hace porque, destacan, nuestro país votó eso.

Díaz, y fundamentalmente Sánchez, se sienten legitimados para sustentar una nueva investidura en los votos de Junts, al entender que el resultado electoral avala la actuación en Cataluña la anterior legislatura. Los indultos, el traje a medida de la reforma de la malversación que, aunque no dio los frutos esperados, se hizo precisamente para favorecer en los implicados en el procés o la eliminación de la sedición, no han penalizado al Ejecutivo de coalición. El PSOE ha ganado un millón de votos, respecto a 2019; el PSC (19), y en segundo lugar Sumar (7), han sido los más votados en Cataluña. Sólo los socialistas catalanes han logrado más diputados que ERC (7) y que Junts (7) juntos.

Todos estos temas han supuesto un enorme desgaste político para el Gobierno pero, al contrario de lo que se temía, los indultos a los condenados por el desafío independentistas, tras pasar cuatro años en la cárcel, no encontraron rechazo social y no han pasado ninguna factura. Y ese precedente anima a pensar que podría suceder lo mismo con la amnistía.

Como adelantó El Periódico de Cataluña, del grupo Prensa Ibérica, los socialistas ya exploran con Junts y ERC fórmulas de despenalización del procés. Y aunque desde el PSOE aseguran que todo depende exclusivamente de sus negociadores -María Jesús Montero, Félix Bolaños y Santos Cerdán-, Sumar no se quiere quedar atrás.

Fuentes de esta plataforma mantienen que la vicepresidenta segunda en funciones ha tenido contactos "al máximo nivel", sin confirmar que se trate del ex president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Prácticamente desde el 23J, la izquierda a la izquierda del PSOE, se ha implicado en este asunto, y Díaz encargó al dirigente de En Comú Podem, Jaume Asens, que lidere las conversaciones con Junts.

En Sumar reconocen que "el acuerdo no es fácil" y por ello quieren contribuir a facilitarlo. La vicepresidenta fue la primera que, a principios de agosto, planteó que las lenguas cooficiales se puedan usar en el Congreso, que dos semanas después fue una de las exigencias de Junts al PSOE para apoyar a Francina Armengol como presidenta de la Cámara. Una circunstancia que desde su formación exhiben como prueba de que goza de una buena interlocución con Junts.

Además, Sumar ha constituido un equipo de 20 juristas que lleva tres semanas trabajando en una hipotética ley de alivio penal. Pero sin precisar si serán ellos quienes la tramitarán en el Congreso y cuándo, al margen del trabajo que ya está realizando el PSOE. Creen que es jurídicamente factible pero no ocultan que entraña una gran dificultad, porque dentro del procés hay distintas actuaciones que han resultado punibles.

Y, aunque valoran mucho el paso dado por Junts en la Mesa del Congreso, en referencia a volver a participar en el debate político, después de una legislatura de aislamiento, la sensación es que existe un déficit de confianza entre el partido de Puigdemont y el PSOE. Pese a estas dificultades, existe una confianza casi total en que el Gobierno de coalición se mantendrá cuatro años más, que la investidura de Alberto Núñez Feijóo fracasará y Junts respaldará a Sánchez.