El Gobierno ha aprobado este sábado en un Consejo de Ministros extraordinario un decreto ley que con un nuevo plan de lucha contra los efectos de la inflación que prorroga hasta 31 de diciembre las medidas ya adoptadas en marzo e incorpora otras nuevas, como un cheque único de 200 euros para trabajadores, autónomos y parados, según ha anunciado el presidente Pedro Sánchez en rueda de prensa. En la red social tuiter, la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, ha aclarado después que esta ayuda llegará a las familias con ingresos anuales hasta 14.000 euros.
Entre las novedades anunciadas este sábado se incluye una bonificación del 30% de los abonos transporte de autobuses urbanos y de los trenes de cercanías (la bonificación será del 50% en el caso de los abonos de Renfe, estatales) a partir del 1 de septiembre, así como la decisión de un próximo impuesto sobre los beneficios extraordinarios obtenidos en 2022 por las energéticas. El decreto aprobado este sábado incorpora, además, la rebaja del IVA eléctrico del 10% al 5% y la subida del 15% de las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación hasta final de año.
El nuevo plan presentado por Sánchez tendrá un impacto presupuestario de algo más de 9.000 millones de euros, según ha estimado el presidente, resultado de las medidas que supondrán un mayor gasto "para proteger a familias, clases trabajadoras y sectores específicos" (unos 5.500 millones) y de las nuevas rebajas fiscales (unos 3.600 millones), entre las que se incluye el recorte del 10% al 5% del IVA sobre la factura eléctrica hasta el 31 de diciembre y la prórroga de los anteriores. Este nuevo plan, sumado al de marzo (con ayudas por 6.000 millones) debería servir, según el presidente del Gobierno para evitar que la inflación sea 3,5 puntos más alta que en ausencia de ambos. "Si estas medidas no existieran, la inflación se acercaría a los 14 ó los 15 puntos", ha dicho Sánchez. El esfuerzo presupuestario de ambos paquetes se estima en unos 15.000 millones -"algo más que un punto de PIB", según Sánchez- al que habría que añadir otros 10.000 millones en créditos ICO para las empresas.
Además, el presidente ha anunciado "un nuevo impuesto" sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas que será exigible a partir de enero de 2023. El diseño de este nuevo impuesto, sobre el que no ha adelantado ningún detalle, se incorporará en una proposición de ley que los grupos socialista y de Unidas Podemos presentará en el Congreso de los Diputados "en las próximas semanas". El objetivo, ha explicado, es "garantizar un reparto justo de las cargas" que está provocando el elevado nivel de los precios energéticos. "No cabe que algunos salgan beneficiados a costa del sacrificio de las mayorías", ha dicho.
Después de la rueda de prensa del presidente, desde el propio Gobierno se ha aclarado que la idea es fijar el devengo del impuesto el 31 de diciembre de 2022. Por lo tanto, "el nuevo impuesto sería exigible a partir del 1 de enero de 2023, pero sí afectaría al ejercicio 2022", se ha aclarado.
Las medidas
El plan presentado por Sánchez incluye una reducción del 50% de los abonos de transporte prestados por el Estado y de un 30% de todos aquellos abonos que sean gestionados por las comunidades autónomas y los ayuntamientos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo de coalición sufragará esta medida desde el 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de este mismo año.
Sánchez ha explicado que el Gobierno pondrá los recursos necesarios para rebajar los abonos mensuales o cualquier título de transporte que sea gestionado por el Estado un 50%. En este sentido, ha puesto como ejemplo los abonos de Renfe. Además, sobre el transporte que está en manos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos el Ejecutivo aportará la cuantía necesaria para reducirlos en un 30%. No obstante, las autonomías y las entidades locales podrán completar esta reducción hasta elevarla al 50%.
El Ejecutivo de coalición lo ha aprobado en un Consejo de Ministros extraordinario celebrado este sábado en el que han sacado adelante un nuevo real decreto ley con medidas económicas y sociales para hacer frente a las consecuencias económicas de la invasión de Ucrania y el alza de la inflación. Según ha explicado el propio Sánchez, este nuevo paquete supone un gasto superior a los 9.000 millones de euros y confían en que sirva para frenar la inflación en 3,5 puntos porcentuales.
Rebajar la luz
Entre las nuevas medidas que se han incluido en este real decreto está la rebaja del IVA de la luz, del 10% al 5%. Esta última medida supondrá un coste para las arcas del Estado de 220 millones de euros al trimestre. Según los cálculos del Ejecutivo, el coste total de rebajar el IVA del 21% hasta el 5% asciende hasta los 600 millones de euros al trimestre y alcanza los 1.800 millones de euros al trimestre si se incluyen el resto de medidas que ha llevado a cabo previamente: la prórroga de la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad y la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica.
