«Hubo un error administrativo pero el expediente de las mascarillas no ha prescrito»

Salut excusa en un «error administrativo» que la reclamación de 2,6 millones de euros por el caso de las mascarillas fraudulentas que el Govern ha decidido abandonar tuviera un plazo de resolución de tres meses. Así lo explicó ayer la consellera del ramo, Manuela García, asegurando que en ningún caso el Govern ha tomado la decisión de desistir de dicho expediente por esta cuestión. «Hubo un error administrativo pero el expediente no ha prescrito», detalló García.

Un argumento que también compartió el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa. «Reiteramos que el plazo era de ocho meses pero, ¿por qué deberíamos solicitar 2,6 millones si podemos pedir el importe íntegro de 3,7 millones? Declarando la nulidad del contrato con este nuevo procedimiento existen más garantías para resarcir a la comunidad autónoma», destacó Costa. En este sentido, cabe recordar que el director general del IB-Salut, Javier Ureña, explicó el pasado jueves por primera vez que en el inicio del procedimiento para recuperar el sobrecoste de las mascarillas el actual Govern indicó «por error» que el plazo para que el expediente caducara era de tres meses.

No obstante, el propio Ureña también aseguró que los motivos para desestimar el primer expediente abierto eran las «pocas posibilidades» que tenía de salir adelante. Ante esta situación, el Ejecutivo ha decidido abrir a la desesperada una nueva reclamación administrativa para intentar recuperar el dinero de los cubrebocas. Asimismo, al margen de la vía administrativa, Costa también anunció que la Abogacía de la Comunidad Autónoma ha vuelto a recurrir ante la Audiencia Nacional para personarse en la causa de las mascarillas. El portavoz del Govern explicó que, pese a que todavía no han recibido la confirmación definitiva por parte de Bruselas en cuanto a la descertificación del gasto, ayer era el último día para presentar el recurso.

Air Europa

Vinculado al caso Koldo, Air Europa y su matriz Globalia (compañía radicada en Balears) han salido al paso de las noticias aparecidas en los últimos días que las relacionan «injustificadamente» con acciones a las que son «por completo ajenos», y aseguran que son «víctimas del fuego cruzado de la política». Las compañía exigió en un comunicado que se mantenga al margen de la contienda política a una empresa que «ocupa una posición estratégica en la economía española y que siempre se ha limitado a estar al servicio de sus millones de clientes».

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