Baleares abandona la reclamación de 2,6 millones por el caso de las mascarillas

No cierran la puerta a volver a intentar personarse en la causa penal

El director general del IB-Salut, Javier Ureña, junto al vicepresidente del Govern, Antoni Costa.

El director general del IB-Salut, Javier Ureña, junto al vicepresidente del Govern, Antoni Costa. / CAIB

El Govern de Marga Prohens ha decidido abandonar la reclamación de 2,6 millones de euros por el sobrecoste de las mascarillas fraudulentas y abrir una nueva demanda administrativa. A pesar de que, según argumenta el Ejecutivo, esta decisión se sustenta en «las pocas posibilidades» que tenía la primera reclamación de salir adelante en beneficio de la Administración Balear, lo cierto es que el director general del actual IB-Salut, Javier Ureña, admitió ayer por primera vez que «por error» el expediente indicaba que el plazo de resolución era de tres meses. Una cuestión a la que podría agarrarse la empresa vinculada a la trama Koldo para no devolver el dinero al haber prescrito el plazo, tal y como apuntaba el sumario de la Audiencia Nacional.

Así, ayer compareció Ureña junto al vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, para explicar la situación de las mascarillas. En este sentido, determinaron que el hecho de dar por perdida la reclamación de 2,6 millones no tiene nada que ver con dicho error, volviendo a recalcar que según sus previsiones el expediente no habría caducado. «Se indicaba erróneamente que el plazo era de tres meses, es un defecto que se podría subsanar sin problema y que nada tiene que ver con desistir en este procedimiento. La decisión la tomamos ante las pocas posibilidades que tenía de salir adelante la reclamación con el certificado de agosto de 2020 en el que se avaló la calidad de las mascarillas, algo con lo que podía alegar la empresa», destacó el director del IB-Salut, Javier Ureña. Ante esta situación, un vez desechada la reclamación, el Govern anunció la apertura de un nuevo procedimiento administrativo para recuperar íntegramente los 3,7 millones de euros que costaron los cubrebocas fraudulentos.

El objetivo es, según expresó el propio Ureña, declarar la nulidad del contrato firmado al entender que la empresa Soluciones de Gestión no contaba con la capacidad para facilitar material sanitario, ni con la capacidad técnica exigida ni tampoco la solvencia económica necesaria. «Nuestro deber es agotar todas las vías posibles, entendemos que se debería haber reclamado mucho antes por parte del anterior Ejecutivo y que sería más factible cuando la empresa tenía volumen de facturación, pero nuestro deber es llegar hasta el final», detalló el director de Salud. Asimismo, el plazo de resolución de este nuevo expediente será de seis meses y la compañía tendrá un plazo de 10 días para presentar sus alegaciones.

Por otro lado, el Govern no cierra la puerta a volver a intentar personarse en la causa penal a pesar de que la Audiencia Nacional ya ha rechazado en dos ocasiones la petición del Ejecutivo al entender que el perjudicado es la Unión Europea y no la Administración Balear. No obstante, el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, detalló que están esperando a que Bruselas avale el expediente de descertificación enviado para acreditarse como parte perjudicada en esta cuestión. Las mascarillas se financiaron a través de fondos europeos, por lo que el Govern de Marga Prohens ha asumido de forma propia el coste de los cubrebocas para que estos 3,7 millones de euros le sean descontados en futuras subvenciones que se soliciten a la Unión Europea. Así, el Ejecutivo considera que si Bruselas certifica de forma definitiva el expediente, el principal perjudicado en esta cuestión es la Administración Balear, por lo que confían en que finalmente el juez cambie de opinión.

Presión de la trama Koldo

Cabe recordar que el auto del juez de la Audiencia, Ismael Moreno , no circunscribía al Govern de Armengol la relación contractual con la supuesta trama delictiva de venta de mascarillas fraudulentas. Koldo García, asesor íntimo del ministro José Luis Ábalos y cabecilla del grupo, también habría presionado al ejecutivo de Marga Prohens para que «no prosperara» la reclamación de 2,6 millones de euros, según el titular del juzgado central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional. El magistrado concluía además que la «influencia» del presunto comisionista habría sido coronada por el éxito.