La Agencia Tributaria todavía no ha enviado su informe a la jueza siete años después del registro de Amnesia

Poco más de siete años después de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpieran, un 5 de julio a las siete de la mañana, en la discoteca Amnesia para su registro, en una investigación contra el fraude fiscal, aún sigue pendiente que la Agencia Tributaria emita el informe solicitado, casi un año antes, por la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza.

La operación policial se saldó con la detención de cuatro personas, entre ellas el propietario de la discoteca, Martín Ferrer. Pese a que la Fiscalía solicitó el ingreso en prisión sin fianza para todos ellos, la jueza decretó su libertad con una serie de medidas cautelares. Las cuentas de las personas investigadas fueron embargadas, según explican a este diario fuentes judiciales, y, siete años después, la causa sigue sin haber avanzado casi nada a la espera del informe de la Agencia Tributaria sobre los hechos denunciados.

Desde hace varios años, otra empresa, que no tiene nada que ver con Martín Ferrer, propietario del edificio y del terreno, explota la discoteca situada en Sant Rafel, en el municipio de Sant Antoni.

A partir de la denuncia de una persona anónima (los investigadores consideran que, por la precisión de los datos y el volumen de la información aportada, partía de algún extrabajador de la discoteca) sobre el supuesto fraude fiscal en los ejercicios 2012 y 2013, la Agencia Tributaria hizo un informe preliminar y la Fiscalía, en septiembre de 2015, interpuso una querella en los juzgados de Ibiza.

Pocas semanas después, el 1 de octubre de 2015, la jueza instructora solicitó un informe a la Agencia Tributaria puesto que, según las fuentes judiciales consultadas, el preliminar se basaba en la denuncia anónima. Además, casi un año después, en julio de 2016, se llevó a cabo el registro de la discoteca y domicilios y locales vinculados con las personas investigadas en el que se recogieron cajas con una cantidad ingente de documentos que debían ser analizados también por la Agencia Tributaria.

Secreto de las actuaciones

La jueza decretó el secreto de las actuaciones, que estuvo en vigor durante años. Las fuentes consultadas apuntan que se han remitido al juzgado reiterados escritos de solicitud del sobreseimiento de la causa para las personas investigadas, por haberse superado los plazos de instrucción (pese a que durante el tiempo que estuvo en vigor el secreto de actuaciones no corre el calendario), pero que la respuesta siempre ha sido la misma: aún está pendiente el informe de la Agencia Tributaria, el solicitado en octubre de 2015.

La denuncia anónima inicial se dirigía contra el asesor fiscal, ya fallecido, de Martín Ferrer, pero tras las primeras indagaciones de la Agencia Tributaria y la Fiscalía, se amplió a otras cuatro personas. Según el anónimo denunciante, fue la influencia del asesor fiscal la que embarcó a Martín Ferrer a emprender una serie de inversiones que originaron una elevada deuda hipotecaria que el propietario de la discoteca, supuestamente, podría haber tratado de saldar a costa del pago de parte de sus obligaciones tributarias en los ejercicios 2012 y 2013.

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