Alfonso Rojo, presidente de la Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera (Pimeef): «Si queremos hacer una isla solo para el lujo, será un problema»

La Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera (Pimeef) celebra este jueves, en el Centro Cultural de Jesús, su entrega de premios anuales. En la gala se reconocerá el trabajo y trayectoria de diez empresas pitiusas, pero tampoco faltará un mensaje reivindicativo para defender el peso de este sector, sobre todo para entrar en la Mesa de Diálogo Social nacional, tal y como ya sucede a nivel insular y autonómico. Su presidente, Alfonso Rojo, está enfrascado en este objetivo, junto a asociaciones de todo el país, como vicepresidente de Conpymes.

La Pimeef es la patronal más representativa de las Pitiusas, pero denuncia que, a nivel nacional, las pymes no tienen voz.

En la Mesa de Diálogo Social está la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), que no es más que una rama de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que son las grandes empresas. No es normal que el vicepresidente de CEOE, Gerardo Cuerva, sea el mismo que preside la Cepime. Igualmente, el presidente de la Federación de Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, presidente de ATA, también es vicepresidente de la gran patronal. No se entiende, porque Mercadona o Endesa no tienen los mismos intereses que el pequeño comercio. Por ello, en 2021, varias asociaciones de todo el país formamos Conpymes para lograr participar en el diálogo social. Queremos que las propuestas laborales tengan en cuenta las necesidades de la pequeña empresa, no solo a las grandes.

¿Hasta qué punto afecta esta falta de peso en España?

Las pymes españolas tienen el menor tamaño de Europa, porque solo se ha contemplado normativas que podían cumplir las grandes compañías. A las contratas de las grandes obras del Estado, prácticamente solo pueden acceder las grandes constructoras. Al final, todo está dirigido por cuatro grandes, que luego subcontratan a pymes. La ley dice que, entre empresas, hay que pagar en un plazo 30 días, mientras que la Administración puede hacerlo en 60. Lo perverso es que estas grandes empresas cobran del Estado en 40 o 50 días, pero después tardan tres o cuatro meses en pagar a las pymes, de manera que se están financiando con ellas. Hay que corregir este desequilibrio.

¿En las Pitiusas se acentúa aún más con la insularidad?

Las grandes empresas también la sufren, pero tienen mecanismos mucho más potentes. Sus costes de insularidad, si trabajan en todo el país, son ínfimos en sus resultados finales, mientras que para las pymes de las islas suponen un porcentaje muy importante.

En enero entró en vigor el nuevo Régimen fiscal especial de Balears (REB). Once meses después, ¿se percibe alguna mejora?

No hemos tenido un año normal por las elecciones. Con los cambios en el Govern balear y el Gobierno central en funciones, hay negociaciones que han quedado totalmente paralizadas. Así que el desarrollo del REB va a tener que esperar un año más.

¿Qué esperan las pymes de este REB?

Que una empresa de las islas pueda contar con las mismas facilidades que una de Zaragoza. Los costes de importar y exportar las mercancías deben ser los mismos. También debe facilitar la vida de los ciudadanos y que no haya tanta diferencia en el coste de la vida respecto a la Península, al igual que ya tenemos el transporte subvencionado. Hasta ahora, el REB ha sido un juego de números: el Govern anterior valoraba que Balears estaba siendo bien financiada gracias a esta medida; por su parte, la oposición criticaba que mucho dinero que llegaba con el REB correspondía a inversiones estatutarias a las que el Estado ya estaba obligado y no debían incluirse en él.

Aunque contáramos con un REB platónico, la vivienda seguirá a precio desorbitado, con el impedimento que supone para completar plantillas. ¿Es el mayor problema de los empresarios ahora mismo?

Me gustaría precisar que es el mayor problema que tenemos como sociedad. Es uno de los agravios más claros que tenemos a la hora de competir con la Península. En invierno, hay muchas compañías de fuera que vienen a hacer obras, trabajos de carpintería o electricidad. Traen a los trabajadores con sueldos más bajos que los que pagamos nosotros, les alquilan un piso por tres meses y les sale mucho más rentable, mientras que los empleados de aquí necesitan un alquiler todo el año a unos precios disparados.

¿Algún atisbo de mejora, después de tantos años insistiendo en ello?

Cada año pedimos a la Administración que se articulen normas, o se haga cumplir la ley, para que la vivienda no sea un mercado de especulación ni de dinero negro, como sucede en las Pitiusas. Hay muchos pisos cerrados y propietarios que no los ponen en alquiler por temor a problemas con los inquilinos. O lo hacen al precio más alto posible por si luego tienen impagos o le dejan la casa en malas condiciones. Ya es un mercado totalmente artificial, una burbuja ajena a la oferta y la demanda. La propiedad privada debe respetarse, pero el alquiler es una actividad económica y, como cualquier otra, debe estar regulada por el Estado. El que quiera cobrar 1.800 euros, que tribute por ello y que se compruebe si deposita la fianza en el Ibavi, si se está realquilando el piso o cuánta gente vive allí. La economía sumergida y la picaresca se están aprovechando de esta falta de actuación.

La Pimeef propuso que fueran las empresas las que alquilaran las viviendas para los empleados. ¿Funcionó?

Hace dos años, planteamos que, para evitar que a nuestros empleados les engañaran con el alquiler, quizá las empresas deberíamos arrendar las casas. Muchos propietarios de pisos vacíos se ofrecieron, porque tenían la confianza de que iban a cobrar. Nos dimos cuenta de que un porcentaje importante de las pisos no se alquilaban por inseguridad.

¿Se ha mitigado la falta de personal que se sufrió en 2022?

Ha sido menor. En 2021, muchos negocios no abrieron y hubo profesionales que, ante la incertidumbre, se quedaron en sus lugares de origen. La temporada pasada, al abrir todos los establecimientos, se produjo una falta de mano de obra muy acuciante. Por ello, este año, aconsejamos a todas las pymes que contrataran a principio de temporada para no pillarse los dedos después. En cambio, hemos tenido más problemas con las bajas laborales de muy corta duración, muchas de ellas sospechosas. No hay una forma seria para medirlas. Si te tomas una baja a la ligera en una pyme, más que al empresario, creas malestar y perjudicas al resto de trabajadores que se comen el sapo.

¿Influye que la oferta de ocio sea un reclamo para pasar un verano de fiesta en Ibiza?

Está claro que el personal con un perfil más joven, sin las responsabilidades de una familia, es más propenso a salir. La restauración y la hostelería, donde trabaja mucha gente joven, es un sector donde la fiesta tira mucho y se dan más estos problemas.

¿Se han repetido los ‘robos’ de plantillas?

Ha sido una temporada atípica, porque se empezó muy fuerte y luego se tranquilizó. En mayo-junio hubo un momento crítico. Las empresas que no habían podido completar plantillas, como restaurantes sin arraigo que el primer año necesitan 40 o 50 personas, hicieron ofertas temerarias por necesidad. Pero, en estos casos, si baja la actividad te van a dar vacaciones en septiembre en vez trabajar hasta el 30 de octubre, como era lo normal.

¿Entonces, se han aumentado los salarios?

Como necesitábamos las plantillas bien armadas desde el principio y nos estaban tocando a los trabajadores de casi todos los sectores, se pactaron unos sueldos importantes, acorde a una temporada que parecía de récord absoluto. Pero llegó julio, con una ocupación del 92%, y agosto con un 94%, cuando esperábamos llenos totales. Evidentemente, con unos números tan altos, nos habrá ido bien a la mayoría, pero como se puso mucho dinero sobre la mesa para mejorar sueldos, muchas empresas no tendrán los beneficios que esperaban.

Hablando de la falta de personal, sobre todo cualificado, la Escuela de Hostelería sigue sin fecha de apertura.

Se esperaba como agua de mayo para este curso, pero se ha retrasado con los cambios políticos. Independientemente del color político, la Administración debería seguir con su maquinaria a todo ritmo, pero se paralizó. Estamos intentando empezar algún tipo de formación de cara a la temporada baja, sobre todo para empresas, y estamos pendiente de una primera reunión operativa. Desgraciadamente, no ha empezado con el curso escolar, según el Govern, porque no se ha podido completar el equipamiento de las aulas y el profesorado.

¿Qué otra oferta formativa sería más necesaria en estos momentos?

La mecánica náutica ha experimentado unos cambios en los últimos años hacia la electrónica, por lo que demanda mano de obra actualizada y especializada. Y muy bien remunerada. La instalación de placas fotovoltaicas es un mercado potentísimo que necesita mucho más personal. Igualmente, en la construcción, cada vez se trabaja más con materiales nuevos y necesita personal más formado. Tampoco hay relevo generacional en los transportistas. Se da el caso de que, hasta hace veinte años, mucha gente aprovechaba la mili para sacarse el carné de camión y, al acabar, ya podía trabajar. Estos casos ya no se dan y ha provocado una carencia muy importante en el sector. Por otra parte, antes las empresas de náutica, carpintería o mecánica, formaban a los jóvenes, pero la figura del aprendiz ya se ha perdido.

¿La náutica es el sector que menos expectativas ha cumplido este año?

Sí. Aquí incide tanto la falta de amarres como la competencia desleal que surge porque ahora los particulares puedan alquilar sus barcos. Desde el sector nos advierten que muchos navegantes han dejado de venir porque no encuentran un atraque para una eslora de doce metros en temporada alta.

¿Se han visto perjudicados por tanta tendencia al lujo?

Siempre decimos que aquí no sobra nadie, pero necesitamos el turismo familiar. Si queremos hacer una isla solo para el lujo, será un gran problema. Es posible que, por la falta de amarres, se ha perdido la náutica democrática del pequeño barco, porque los costes son inasumibles para cualquier salario. Seguimos trabajando para que la isla no pierda su esencia, para que haya restaurantes de estrella Michelin o puedas comer un bocadillo en Santa Gertrudis, porque esa es la realidad de Ibiza.

¿Son optimistas con el anuncio de una ley balear de polígonos industriales?

Es una decisión muy acertada que la se haya nombrado a un conseller como responsable de los polígonos industriales [Alejandro Sáez]. En las Pitiusas, están todos mal dimensionados y no han crecido como deberían. Hace 30 años, los camiones medían 12 metros y ahora son tráilers de 18 metros. Toda la distribución trabaja en unas condiciones que nos hacen ser menos productivos que el resto de las islas y la Península. Los polígonos se han desarrollado mal, sin respetar normas urbanísticas, se han hecho naves en terrenos donde no debería y no se supo reconducir en su momento. No pedimos más consumo de territorio, sino que se puedan agrandar por los lados los existentes. Debemos cumplir con unos proyectos de eficiencia energética y no podemos con instalaciones obsoletas. Un 40% de las naves antiguas tienen techos de uralita, pero no pueden adaptarse y optar a los fondos Next Generation para instalar placas fotovoltaicas. La mayoría por culpa de normativas municipales que no se acaban de desarrollar, con planes generales de los 80 o 90 que no prevén esas reordenaciones.

¿Teme un aumento impuestos con el nuevo Plan Presupuestario del Gobierno?

Los empresarios no queremos oír hablar de más subidas de impuestos. Siempre decimos que no hay justicia social en España porque las pequeñas empresas pagamos mucho y las grandes muy poco. Por eso queremos estar en el timón de mando donde se toman las decisiones. Si las pymes pagamos entre un 20 y un 40% de impuestos, y las grandes entre 5 y 8%, la desventaja es brutal. No veremos con malos ojos que se les cobre más a las grandes compañías, pero que no nos ahoguen a los pequeños.

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