Vicent Roig se reafirma en la idea de «salvar el edificio B» de los apartamentos Don Pepe de Ibiza

Govern, Consell y Ayuntamiento de Sant Josep se reunieron esta mañana «para hablar y poner sobre la mesa la situación de los apartamentos Don Pepe», situados en es Codolar, en el Parque Natural de ses Salines, indicó el alcalde, Vicent Roig, al término del encuentro. Roig mantiene que la solución pasa por «salvar el edificio B», el edificio de los Don Pepe donde aún hay residentes, mientras que el A fue desalojado dado el peligro que comportaba vivir en él.

«Me reafirmo —dijo el alcalde— en lo que ya dije la semana pasada. Primero, que hay que tener en cuenta que estamos hablando no sólo de dos edificios, sino de 100 familias. Hay que tratar la situación de una manera humana». Y esa es «la prioridad: dar una solución a esas 100 familias aprobando unas normas [subsidiarias] provisionales [hasta que se tenga listo el Plan General de Ordenación Urbana] que nos permitan tener terrenos para poder construir 100 viviendas». Una mitad sería apara alojar a los exinquilinos del edificio A de los Don Pepe, y la otra mitad, para vender a precio de mercado y poder, de esa manera, sufragar el elevado coste de la operación.

Cambio de la hoja de ruta

«Nos reafirmamos —añadió en plural mayestático— en la posibilidad de salvar el edificio B», donde aún vive gente, subrayó. «Esta es la hoja de ruta. No hay más», concluyó Roig.

Tal como ya publicó este diario la semana pasada, el Govern balear ha cambiado su hoja de ruta sobre los edificios Don Pepe. La consellera balear de Territorio y Vivienda, Marta Vidal, anunció en la sesión de control del Parlament que se está buscando una solución urbanística para mantener en pie el bloque de apartamentos en el que todavía vive medio centenar de personas y derribar y construir uno nuevo en el solar previsto por Sant Josep, en la zona de Can Raspalls, para las personas que, ante el riesgo de derrumbe, fueron desalojadas.

El alcalde defiende mantener en pie el edificio A por el alto coste económico de la operación inicial, que calcula que podría rondar los «20 millones» de euros entre el derribo de los dos edificios, la urbanización de los terrenos de Can Raspalls y la construcción de las nuevas viviendas.