El Consell prevé la concesión de licencias de VTC sin límite en Ibiza a raíz de una sentencia europea

El conseller de Transportes en funciones considera que a raíz de las sentencias que hacen decaer estas limitaciones es cuestión de tiempo que lleguen a Ibiza las grandes plataformas de VTC como ya ha ocurrido en Palma

La solicitud sin restricciones de licencias de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) podría ser una realidad en Ibiza en poco tiempo. El Consell de Ibiza prevé que la sentencia hecha pública por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que considera contraria a derecho europeo la restricción del número de licencias VTC en Barcelona, suponga la eliminación de esta restricción que también existe en la legislación balear de transporte. Una limitación que ha supuesto uno de los frenos a la llegada de plataformas de VTC a las Balears.

Intuiamos que pasaría, porque al final todas las sentencias europeas han ido en esta dirección: abrir el mercado y eliminar protecciones artificiales que se han puesto legalmente”, indica el conseller de Transporte en funciones, Javier Torres. Considera que “en un plazo relativamente corto podría implicar que decaiga la limitación de número de VTC por taxis” en la Comunidad Autónoma, lo que llevará a que “cualquiera, sin restricción, pueda obtener una licencia VTC para trabajar”.

En este sentido, Torres indica que si decae esta limitación se eliminará el mercado especulativo de las licencias de VTC, “que se están vendiendo entre los 60.000 y los 70.000 euros”. En una búsqueda rápida en internet, se pueden encontrar anuncios de venta de licencias de VTC en Ibiza facilmente. Una fija el precio de la licencia en 120.000 euros. Otra ofrece un pack de 10 licencias “con sentencia firme favorable” en Ibiza por 950.000 euros. Cabe señalar que la concesión de una licencia de taxi municipal puede costar hasta 180.000 euros en Ibiza.

Una ratio que ya se incumple

La sentencia del TJUE, que responde a la impugnación de la empresa Prestige & Limousines SL a algunas restricciones del reglamento de transporte del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), considera que la limitación del número de licencias de servicios de VTC a una por cada treinta licencias de servicios de taxi en esta zona no está debidamente justificada. Considera el tribunal que esta limitación “no parece idónea para garantizar la consecución de los objetivos de buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público, así como de protección del medio ambiente”, como defendía la representación de la AMB y de varias asociaciones de taxistas.

La normativa balear fija una ratio mucho menos restrictiva. En el caso el decreto 43/2014 fija una limitación de licencias para Eivissa de 6,74 de taxi por cada licencia de VTC. Una ratio que, por otra parte, no se cumple actualmente, dado que en la isla hay alrededor de 900 licencias de taxi por las 307 licencias de VTC concedidas hasta el momento por el Consell de Eivissa, con lo cual realmente la ratio es de 3 a 1. Esto está motivado, según apuntan desde el Consell a las sentencias que han obligado a conceder licencias que se solicitaron antes de la actual norma balear.

Según indica Torres, a lo largo de esta legislatura han llegado más solicitudes de licencias VTC que no se han concedido debido a la limitación que existe actualmente, “si la ratio decae se podrían solicitar sin ninguna limitación”. Actualmente sigue pendiente la concesión de 81 licencias y se han denegado 201 solicitudes.

Llegada de plataformas

El conseller indica que desde la institución ya se había advertido al Govern balear de esta posibilidad y se había instado a fijar una regulación sobre el servicio de VTC “que garantizase la calidad del servicio y la competencia leal” con el sector del taxi. “Sabíamos que era una cuestión de tiempo que llegaran diferentes operadores a las islas y teníamos margen para actuar. El Govern balear no nos hizo caso. En marzo aseguraron que no llegarían a Balears plataformas de distribución de servicio de VTC y hemos visto que era una burda mentira”, señala, tras la puesta en marcha de la plataforma Uber en Palma de Mallorca y otras localidades.

Para Torresse ha perdido un tiempo precioso en el que se podría haber elaborado una legislación pionera que se adecuara al canon europeo”. La norma balear sólo establece como requerimiento para estos servicios su contratación con una antelación de 30 minutos para un trayecto prefijado. El conseller prevé que también la limitación temporal acabe decayendo, “dado que ya existen sentencias contrarias a normas similares y es cuestión de tiempo que exista jurisprudencia y la normativa se tenga que adaptar.

Respecto a la llegada de grandes plataformas de VTC ha indicado que no es un tema que el Consell de Eivissa tenga que autorizar y que cualquiera que tenga una licencia puede utilizarlas siempre que cumpla con la normativa balear. Si bien, indica que el lugar en el que era más sencilla la puesta en marcha de esta clase de plataformas es Mallorca “porque es más fácil encontrar conductores”. 

“Es una cuestión de tiempo que lleguen a Ibiza, pero aquí se encontrarán con el problema que tienen el resto de empresas como es la vivienda y eso supondrá dificultades para encontrar profesionales que pueda ofrecer este servicio”, consideró

El Govern defiende la limitación

El conseller balear de Movilidad en funciones, Josep Marí 'Agustinet', valoró que las declaraciones de Javier Torres van en la dirección de «preparar el terreno a la liberalización total del sector y a la desaparición de los taxis». Subrayó que esta última idea ya la ha defendido Ciudadanos «y el Partido Popular debe estar de acuerdo».

Agustinet apuntó que la sentencia europea no dice que no se puedan limitar las licencias de VTC, sino que se pueden limitar con motivos justificados. «Igual que se ha legislado hasta ahora, se puede seguir legislando para evitar la proliferación descontrolada de licencias de VTC en Balears», señaló. «Si realmente se quiere regular, se tendrá que hacer de otro modo».

En el caso de Balears informó que por el momento «nadie ha impugnado la normativa», que sigue vigente, ya que esta sentencia está específicamente referida a la normativa de Barcelona, mucho más restrictiva que la balear. 

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