Problema de la vivienda en Ibiza: las instituciones asumen la «gravedad» del alquiler turístico: «Nos está hundiendo»

«Hemos normalizado que se paguen mil euros al mes por una vivienda». «Si no hubiera personas que alquilan sus propiedades a un precio razonable, esto sería una guerra civil». «Mi hijo de 23 años no tendrá una vivienda en Ibiza si no es la mía». «La comercialización masiva de viviendas turísticas nos está hundiendo». Las primeras dos frases son del alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz; la tercera de su homólogo en Sant Josep, Ángel Luis Guerrero (ambos del PSOE); y la cuarta del presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, del PP.

Cuatro años después, y tras una pandemia, los presidentes de los consells de Ibiza y Formentera, Vicent Marí y Ana Juan, y los cinco alcaldes de los ayuntamientos de la isla (Rafa Ruiz, Carmen Ferrer, Ángel Luis Guerrero, Marcos Serra y Antoni Marí Carraca) se reunieron hace unos días en la sede de Diario de Ibiza, en la tradicional comida de inicio y cierre de la legislatura, y, como sucedió en el último encuentro, el problema de la vivienda centró el debate y las diferencias políticas.

Todas las imágenes de la visita de las instituciones a Diario de Ibiza

Tampoco se rehuyó el debate sobre el crecimiento de la isla, en el que los representantes de la izquierda izaron la bandera de la necesidad de «parar», con el beneplácito, aunque no con el mismo entusiasmo, del presidente del Consell de Ibiza. «Hay que fijar los límites porque el crecimiento no es infinito. Es una locura. Pero hay que regularlo. La presión que hay sobre Ibiza no es de la oferta reglada ni turística, es de la ilegal. Cualquier vivienda se comercializa turísticamente. Es muy grave. Que no se tenga que construir más, lo puedo comprar, pero necesitamos viviendas a precios asequibles», recalcó Marí.

«Pirateo a gran escala»

Dicho esto, el presidente lanzó, según su criterio, la solución para atacar «el pirateo a gran escala» que sufre la isla. No pasa por limitar el precio del alquiler como prevé la nueva ley estatal de vivienda ni limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros, según defendió Ruiz, sino la modificación de la legislación para que las viviendas turísticas se consideren «una actividad económica» más y las que se exploten sin licencia se puedan «precintar». Y no cientos, con «dos o tres precintos y multazos» sería suficiente para conseguir «un efecto disuasorio».

La alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, destacó que por la falta de eficiencia en la tramitación de sanciones de todo tipo no se consigue disuadir a los infractores. Así, un acta de sanción levantada en julio, no se resuelve, como mínimo, «hasta abril o mayo», según dijo. «Si queremos dar lecciones ejemplares, hay que ser más rápidos», recalcó, al margen de las dificultades que a veces entraña cobrar las multas.

Guerrero y Ruiz, los dos socialistas junto a Ana Juan, puntualizaron que la entrada en un domicilio no es factible. Marí reconoció que hay un debate jurídico sobre ello, pero que se han de tomar «medidas contundentes y sin manías». «Si el Tribunal Constitucional lo tumbase, ya veríamos. O cerramos los pisos turísticos o... Construir Viviendas de Protección Oficial (VPO) no es suficiente», recalcó.

Debate sobre las VPO

Precisamente, el alcalde de Vila cuestionó por qué sólo en su municipio se construye VPO, a lo que su homólogo de Sant Antoni, Marcos Serra, contestó con un tajante: «Construir 50, 100, 200 o 500 VPO no arregla nada. Anunciarlo queda muy bien...». Esta afirmación encendió al alcalde de la capital, que le recordó que cada vivienda permite a «una familia desarrollar su proyecto de vida». «Es algo muy serio», recalcó Ruiz, al tiempo que admitió que, si hiciera falta, también se podría combatir la oferta ilegal con «una ley específica para Ibiza», pero sin dejar de lado la construcción de VPO.

También hubo controversia sobre las VPO públicas y privadas. En este sentido, tanto el presidente Vicent Marí, como la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, defendieron la construcción de viviendas privadas a precio tasado, además de las públicas. Ferrer recordó que en su municipio, en dos legislaturas, se han construido 100 viviendas a través del sistema de cooperativa. Sin embargo, Ruiz apuntó que «muy pocas personas pueden permitirse una vivienda a precio tasado». Vicent Marí puntualizó, de todos modos, que se deberían ofrecer en alquiler.

El presidente Marí también señaló la importancia de que los propietarios tengan «seguridad jurídica» a la hora de alquilar sus propiedades, por lo que lamentó que «no haya una ley expeditiva contra la okupación» y que agilice los desahucios». «Pensamos que todos son grandes tenedores», dijo, a lo que Guerrero le respondió: «Pobre al que quieren echar de su casa porque el propietario quiere cobrar más. A este no le garantizan nada», subrayó.

La presidenta de Formentera explicó que, por la falta de vivienda para trabajadores, muchos propietarios «prefieren» alquilar sus propiedades a empresas que pagan «todo el año», pero sólo se ocupan «seis meses». «No es lógico», resaltó. Precisamente, el presidente del Consell de Ibiza sitúa «el origen» del problema de la vivienda en Ibiza en «la modernización turística [la subida de categoría de los hoteles]», que ha obligado a contratar «más personal» y a «la comercialización masiva e indiscriminada de vivienda turística». «Se ha creado la tormenta perfecta», destacó.

Suscríbete para seguir leyendo