Una resolución obliga al Consell de Ibiza a contratar a otra empresa de detectives contra las fiestas ilegales

El Consell de Ibiza modificará el acuerdo de adjudicación del servicio de detectives para la detección e investigación de fiestas ilegales en la isla obligado por una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Administrativos. El órgano aprecia que en el concurso, no se calculó correctamente la puntuación de una de las candidatas. El proceso de licitación está todavía en marcha y, como es lógico, ya no darán servicio este año como estaba previsto, sino el que viene.

La adjudicación se hará, si todo sigue su curso, por 95.444 euros con IVA a la empresa que presentó un recurso en el mes de agosto contra el acuerdo de adjudicación y que supuso la suspensión del procedimiento. La adjudicación inicial se iba a hacer por 112.723 euros con IVA.

Por el cálculo de puntos

El Consell tenía a mediados de julio prácticamente adjudicado el servicio de detectives para la investigación de fiestas ilegales.

La mesa de contratación llegó a redactar el documento de adjudicación a Uriz Detectives por 112.000 euros con el IVA incluido.

La empresa elegida celebró una reunión con representantes de las policías locales y las concejalías de Seguridad Ciudadana para poder poner el servicio en marcha lo antes posible. Se harían 34 actuaciones y unas 1.000 horas de trabajo.

El recurso obligó a suspender el procedimiento

Sin embargo, el recurso de una de las candidatas a ofrecer el servicio dio al traste con la puesta en marcha del servicio anunciado a bombo y platillo, al menos conforme a los pliegos. Hubo detectives este verano, actuaron, pero a través de un contrato menor.

El recurso obligó a suspender el procedimiento y no ha sido hasta cuatro meses después que se ha podido retomar.

La empresa recurrente, Cabanach Detectives Privados, consideraba que no se calculó correctamente la puntuación por la experiencia de sus detectives.

El concurso establecía que se debía adscribir al servicio «al menos» a dos detectives con cualificación profesional, un criterio que se evaluaba en una primera fase, y la empresa dio los nombres de dos de sus profesionales.

Sin embargo, la empresa presentó más adelante la mejora de adscribir a tres detectives al servicio, algo que no hicieron en un primer momento para no desvelar información sobre su oferta final.

A la hora de calcular el criterio de experiencia, la mesa de contratación contó sólo la de los dos detectives que se indicaron al principio, al considerar que «el incremento del número de miembros ya valora el criterio de medios humanos y materiales».

El tribunal considera que ese criterio tiene en cuenta el número de detectives, «pero no su experiencia, que es un aspecto distinto», por lo que obliga a la mesa de contratación a valorarlo.

Con este cambio, la empresa recurrente pasa de estar un punto por debajo de la anterior adjudicataria a tres puntos por encima.

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