Medio Ambiente en Ibiza: Sant Josep pide autorización judicial para entrar en el vertedero ilegal de Cala Tarida

El Ayuntamiento de Sant Josep pedirá una autorización judicial para acceder a la finca de Cala Tarida que acoge un vertedero incontrolado con todo tipo de productos peligrosos y vehículos de varios tonelajes, después de que esta mañana el propietario, que también explota ilegalmente boyas para yates en Porroig, haya denegado la entrada a la comisión municipal que tenía que iniciar la ejecución subsidiaria de la limpieza del terreno. De esta manera ha desobedecido el decreto de Alcaldía que lo informaba del día y hora en que entrarían en su finca.

La concejal de Medio Ambiente, Mónica Fernández, ha explicado en un comunicado que «la ausencia de colaboración por parte de esta persona solo nos hará tardar algo más, pero tendrá que hacer frente a sus responsabilidades porque estamos decididos a ir hasta el final para acabar con el peligro que supone el vertedero ilegal que tenemos en este punto del municipio. La voluntad del Ayuntamiento es clara».

Además de la petición al juzgado de autorización para entrar en la propiedad, se le traslada al dueño del solar la denuncia de la comisión de un delito de desobediencia a la autoridad a raíz de su negativa a atender el decreto de Alcaldía que le informaba de la ejecución subsidiaria de los trabajos, una vez superados los plazos que se le habían dado para que limpiara él mismo la finca, explica el Consistorio.

El decreto también le informaba de la fecha y la hora en que los técnicos y las brigadas municipales acudirían a la propiedad para iniciar la retirada de todos los restos que se acumulan, acompañados de la Policía Local para levantar acta, a los que ha recibido en la entrada sin dejarlos acceder en el interior.

También ha proferido varias acusaciones que podrían derivar en acciones judiciales en su contra, "como se le ha advertido reiteradamente", además de las consecuencias de su falta de cooperación, añade el Consistorio.

Además, ha sido advertido de que se retirarán los numerosos vehículos sin la documentación obligatoria que se han detectado en los alrededores de la finca y que invaden un camino público.

407.000 euros

El decreto de Alcaldía también ha aprobado la liquidación provisional de 407.000 euros que se corresponde al coste que se ha estimado de manera preliminar que tendrá la gestión adecuada de los residuos acumulados en esta propiedad. Esto incluye materiales contaminantes y peligrosos de todo tipo, sin descartar los explosivos, además de más de un centenar de vehículos de gran tonelaje y embarcaciones.

La ejecución subsidiaria no se ha podido decretar hasta que no se ha dispuesto de esta estimación de costes, que también ha sido complicada de elaborar por la carencia de colaboración del propietario, lamentan desde el Ayuntamiento.

A raíz de la incoación el año pasado del expediente sancionador por la acumulación de restos peligrosos en la propiedad, al titular se le impuso una sanción de 5.000 euros, que derivó en firme a principios de este año.

Con esta tramitación completada, el Ayuntamiento procedió a reiterarle al propietario, a través de un decreto de Alcaldía de febrero de este año, la obligación de retirar todos los residuos de la finca, a través de notificaciones que ha rechazado reiteradamente.

Superados los plazos, la notificación se consideró rechazada y se procedió a incoar la ejecución subsidiaria, que ahora tendrá que esperar a la autorización judicial de entrada para poderse completar, relata el equipo de gobierno.

El coste que finalmente tenga esta operación se añadirá a la cuantía que ya se le reclama por el vertedero incontrolado, sin descartar que se le puedan imputar también responsabilidades penales según evolucione el caso, informa la nota municipal.

Riesgo ambiental

"La finca en cuestión ha sido objeto de reiteradas quejas por el riesgo ambiental y de seguridad que representa el importante volumen de residuos peligrosos y contaminantes, además de más de un centenar de vehículos abandonados".

Fruto de estas denuncias, el Ayuntamiento "ha requerido reiteradamente al propietario que asumiera su obligación de mantener en buen estado la finca". De hecho, apunta, "los primeros avisos de la situación llegan en 2016. Desde entonces, se han hecho varias inspecciones que han confirmado la acumulación de residuos peligrosos, como materiales químicos contaminantes y combustibles, junto con evidencias de la reparación de vehículos y embarcaciones a cielo abierto y sobre un suelo permeable".

También se acumulan los restos de materiales de construcción y sin ninguna medida de prevención de riesgos ni ningún cuidado de la vegetación.

Pero el principal riesgo en la finca lo representa el hecho de que "acumulan desde turismos hasta camiones y maquinaria de gran tonelaje, además de embarcaciones en un número creciente", destaca el Ayuntamiento.

Según el último recuento y las imágenes aéreas tomadas por el dron de la Policía Local de Sant Josep, que las trasladó a varias instancias para que se investigue si se está cometiendo un delito ambiental en esta finca, y que se incluye en el informe jurídico que avala la actuación municipal, hay 41 vehículos y 59 embarcaciones de gran eslora en este terreno.