Los abogados de Balears se plantan ante la grave situación de retraso que padece la justicia en las islas. Un problema que es común a todas las jurisdicciones, pero en algunas de ellas la situación de colapso empieza a ser muy preocupante. Y esta acumulación de expedientes por resolver no se debe a que los jueces trabajan poco, sino todo lo contrario. El problema se debe a que son tantas las demandas que presentan los ciudadanos que es imposible que un juzgado asuma tal carga de trabajo.
En Ibiza, como publicó Es Diari a principios de septiembre, en el ámbito de lo social no hay ningún hueco hasta dentro de un año para algunos procedimientos. Ocurre con las demandas por reclamación de cantidad, mientras que las demandas por despido improcedente se están señalando para mayo y junio de 2023.
La carga de trabajo en Ibiza es similar a la del resto de juzgados de Balears, pero no todos funcionan mal. Aunque se denuncian «disfunciones» y retrasos, como por ejemplo en los informes psico-sociales para procesos de familia, el Juzgado de Primera Instancia número 3 funciona de manera óptima, apuntan fuentes judiciales.
La situación más preocupante afecta a la jurisdicción administrativa. En Palma hay tres juzgados para todas las demandas que presentan los ciudadanos contra la Administración. Son juzgados de primera instancia y en los tres se ha incorporado un juez de refuerzo.
Los que más padecen esta falta de medios, por falta de personal, son los ciudadanos, pero este problema también afecta de una forma muy especial a los abogados.
El Colegio de Abogados ha reaccionado ante esta situación, tras las constantes denuncias planteadas por los letrados. Por ello ha enviado un escrito de queja formal al Tribunal Superior de Justicia de Balears para denunciar esta situación insoportable de retraso.
Denuncia casi simbólica
Es una denuncia casi simbólica, porque no depende precisamente de los abogados que esta situación se resuelva. Depende de los medios que ponga a disposición de los juzgados afectados el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial.
Esta queja, firmada por el decano Martín Aleñar, fue analizada por los integrantes de la Sala de Gobierno del TSJB, que reconocen el problema que padecen estos juzgados de lo contencioso.
Cada uno de estos tres juzgados cuenta con un magistrado de refuerzo. Es decir, son dos los jueces que se encargan de estudiar y resolver las demandas contra la administración. Tras la pandemia el trabajo ha ido en aumento, porque estos juzgados están recibiendo los recursos contra muchas de las sanciones impuestas por el incumplimiento de las medidas para controlar los contagios.
En Madrid también conocen de sobra la problemática que padece la jurisdicción contenciosa administrativa de Palma, porque los jueces están cansados de transmitir los problemas que están sufriendo. Por ello, el Consejo General del Poder Judicial aprobó la creación de un cuarto juzgado en Palma, que posiblemente ya nazca con una gran carga de trabajo. Pero no solo se trata de crear un nuevo juzgado, sino que hay que encontrar unas dependencias adecuadas. En principio está previsto que entre en funcionamiento el próximo año.
