Hay «voluntad» por las dos partes, en palabras del presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, pero la oferta económica de la Comunitat Autònoma «se aleja mucho» de lo que reivindica la institución insular para aceptar el traspaso de la gestión de las residencias de Ibiza. En concreto, la institución insular pide «el doble» de lo que el Govern pone sobre la mesa. «Es una magnitud importante», agregó Marí, sin detallar las cifras absolutas. Esta es una de las muchas cuestiones sobre la financiación del Consell que Marí abordó con su homóloga del Govern balear, Francina Armengol, en una larga reunión de dos horas, en la que también estuvo el conseller balear de Movilidad y aspirante socialista a presidir el Consell, Josep Marí Ribas.
Al término del encuentro, Marí explicó que el Consell no acepta la oferta económica del Govern porque «los números que maneja la Fundación de Atención a la Dependencia del Govern no son los mismos que los de Ibiza», que ya gestiona el hospital-residencia de Cas Serres y cuenta, además, «con la mala experiencia» pasada de las residencias de Can Blai y Can Raspalls. El agujero económico que generaba su funcionamiento llevó al gobierno insular del PP de Vicent Serra a devolver su gestión a la Comunitat Autònoma.
El presidente del Consell recalcó que hay que ser «muy prudentes» y aceptar el traspaso de esta competencia sólo cuando estén garantizados «todos los medios necesarios para gestionarla como merece. No hay prisa, pero en algún momento se tiene que cerrar, y más pronto que tarde», añadió, al tiempo que admitió que es «difícil» que se pueda alcanzar un acuerdo antes del final de este mandato porque las posturas están «muy alejadas».
Sin embargo, la presidenta Armengol destacó que es «una anomalía» que la Comunitat Autònoma siga gestionando las residencias de Ibiza, en contra de lo previsto en el Estatut d’Autonomia, y dijo que sí era posible cerrarlo antes de las próximas elecciones. «Discrepo con el presidente porque creo que sí es posible, y sería positivo. No es un acuerdo difícil porque se hizo con el Consell de Mallorca en pocos meses», dijo.
También puntualizó que «no es que el Govern no quiera pagar». «Es un proceso muy tasado. Los técnicos calculan el coste de una competencia. Lo que nos cuesta gestionar una residencia en Ibiza es lo que debe costarle al Consell, y este es el precio de la transferencia», resaltó Armengol.
Sin embargo, Marí sostiene que el coste no es el mismo porque el Govern cuenta con la estructura administrativa de la Fundación de Atención a la Dependencia con la que no cuenta el Consell y que, en 2018, tenía un presupuesto de 26 millones (aparte de las residencias también lleva la Dependencia), aparte de que hay que considerar «la carestía de la vida en Ibiza y el problema de acceso a la vivienda» que supone un sobrecoste para el personal.
