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Turismo

PP, Pi y Cs rechazan ampliar la zona de turismo de excesos más allá del West de Sant Antoni

Aprobada por unanimidad la propuesta presentada por Proposta per les Illes para que el Govern balear elabore un plan de actuación contra el turismo incívico «con suficiente antelación» y contando con el Ayuntamiento y el Consell de Ibiza

Una votación durante el pleno. | TONI ESCOBAR

Los votos del PP, Ciudadanos (Cs) y Proposta per les Illes (PI), es decir, del equipo de Gobierno de Sant Antoni, tumbaron ayer la propuesta presentada por PSOE-Reinicia en el pleno de la corporación para ampliar la zonificación establecida en el decreto contra el turismo de excesos, de manera que abarcara, además del West, el área de s’Arenal, todo el casco urbano de la localidad e, incluso, el puerto. No obstante, sí se dio el visto bueno, en este caso por unanimidad, a una moción defendida por Joan Torres, portavoz de El PI y primer teniente de alcalde, por la que se insta al Govern a elaborar un plan de actuación en la zona de excesos con «suficiente antelación» y contando con el Ayuntamiento y el Consell de Ibiza.

El West fue el tema protagonista de la sesión de ayer, pues además de esas dos propuestas de acuerdo, Unidas Podemos expuso una moción de control al respecto, y hubo otra moción que si bien versaba sobre limpieza acabó centrada en lo que sucede en esa polémica barriada.

«Los party boats son parte del problema. Basta con ver un desembarco de uno de ellos». Por casi 70 euros se ofrecen «bebidas alcohólicas a bordo y el posterior acceso a un beach club de s’Arenal»

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El socialista Antonio Lorenzo expuso la necesidad de que la zona de excesos se amplíe hasta el puerto porque allí es donde se desarrolla, a su juicio, una de las principales actividades relacionadas con actos incívicos: los party boats. «Son -comentó- parte de ese problema. Basta con ver un desembarco de uno de ellos». Recordó que «cientos de jóvenes» participan a diario en ese tipo de ocio, en el que por casi 70 euros se ofrecen bebidas alcohólicas a bordo y el posterior acceso a un beach club de s’Arenal», todo ello «saliendo» desde un local del pueblo: «Y no quieren incluir al puerto. Expliquen por qué no lo quieren incluir. ¿Es ese el modelo turístico que queremos?», criticó al PP, partido al que aconsejó «dar un paso adelante y afrontar esta lucha como toca», dando «prioridad absoluta a combatir el turismo de excesos» mediante la aplicación de «medidas contundentes, como en Platja de Palma y Calvià».

La oposición, un mal vecino

La respuesta por parte de la edil de Gobernación, Neus Mateu, fue idéntica a la ofrecida hace unos días en rueda de prensa, además de tildar a la oposición de malos vecinos porque con sus «imágenes publicadas y declaraciones dañan la imagen del pueblo». Iago Negueruela, conseller balear de Turismo (y socialista), también hace, a su juicio, «electoralismo descarado» con este asunto. De nuevo, Mateu ofreció datos (pero esta vez actualizados) de la lucha «encomiable» de la Policía Local contra el turismo de excesos: «En tres meses, desde mayo, siete locales sanciones por ruidos; 20 por publicidad dinámica; 31 denuncias por venta de óxido nitroso; 34 por tenencia de droga, 108 por venta ambulante; 10 actas por decreto de excesos. Es espectacular lo que hemos hecho».

Y de nuevo, tanto la concejala como el alcalde, Marcos Serra (que también acusó a la oposición de tirar "mierda" sobre la imagen de este destino), repitieron el mantra de que mientras ellos combaten esa lacra, el Govern no envía a Sant Antoni a los inspectores de salud, comercio y consumo para levantar actas en los casos que son de su competencia. Negueruela aseguró la pasada semana que el Ejecutivo balear no ha enviado a ninguno de esos inspectores a ningún municipio porque las actas las levantan los policías locales y las elevan a ese cuerpo autonómico, que se encarga de instruir cada caso. La edil y el alcalde siguen considerando que se discrimina a la población respecto a Magaluf y a Palma.

Respecto a ampliar la zona, Mateu instó a la oposición a leer el decreto: «Verán que el Govern lo puede ampliar, mediante decreto, si hay razones motivadas por la Policía Local, la Guardia Civil, la conselleria de Salud y Consumo o la delegación del Gobierno».

Una subcomisión técnica

Durante el pleno se supo que ayer, a las 10 horas, había convocada (a solicitud de la propia Neus Mateu) una subcomisión técnica para analizar cómo implementar el decreto de excesos, pero que ni la edil ni el jefe de la Policía local habían asistido.

Mateu explicó que, primero, había pedido que se celebrara otro día para no coincidir con el pleno. Ante la negativa de la conselleria balear de Turismo a aplazarlo, y dado que ya no podían encontrar un vuelo a tiempo para ir a Mallorca (no supieron que se mantenía la cita hasta el miércoles por la tarde), pidió que se hiciera por videoconferencia, lo cual, aseguró, también le fue denegado. Sí acudió a ese encuentro el conseller ibicenco de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan.

"Todos estamos locos"

«Entonces el pueblo está bien. Todos estamos locos. El West está bien», comentó en tono cínico Fernando Gómez, edil de Unidas Podemos, tras escuchar a Mateu. «El West no está bien, ni la imagen de Sant Antoni. La gente lo ve a diario. Está peor que nunca», señaló.

«Entonces el pueblo está bien. Todos estamos locos. El West está bien», comentó en tono cínico Fernando Gómez

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El primer teniente de alcalde, Joan Torres, pidió al PSOE que dejara sobre la mesa esa propuesta, al menos «hasta el 31 de octubre, cuando acabe la temporada. Será la hora de valorar cómo ha ido». Torres reconoció que la situación se les ha ido de las manos: «Ahora proponen ampliar la zona cuando no conseguimos controlar esto porque las administraciones no logramos coordinarnos».

Torres sí sacó adelante su moción: «Se hace necesario un mayor compromiso de todas las administraciones implicadas. Para eso es necesaria la coordinación y planificación con suficiente antelación con el Ayuntamiento y el Consell contra el turismo de excesos», argumentó.

«Sí, la diferencia de denuncias es abismal entre Magaluf [2.261 actas por incumplir las ordenanzas], y Sant Antoni [menos de 100]. Es porque hay una diferencia abismal con Magaluf. Eso me da la razón. Sant Antoni no es Magaluf»

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«Sí, la diferencia de denuncias es abismal», reconoció el alcalde cuando le recordaron que en Magaluf se han levantado 2.261 actas por incumplir las ordenanzas municipales, y sólo menos de un centenar en Sant Antoni: «Eso se debe a que hay una diferencia abismal entre Sant Antoni y Magaluf. Eso me da la razón. Sant Antoni no es Magaluf», reiteró.

Los GAR de la Guardia Civil «no pueden entrar en el West»

La edil de Gobernación de Sant Antoni, Neus Mateu, desveló en el pleno que existe «un problema» para desplegar la Guardia Civil en la localidad a la hora de combatir el turismo de excesos. En realidad son dos. El primero es que no tienen suficientes efectivos. El segundo, que los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Benemérita «tienen orden de no entrar en la zona del decreto de excesos». ¿Por qué? «Porque no dependen del mando de aquí», contestó a la pregunta de este diario.

Mateu también explicó que hay casos del decreto de excesos, como el de las prácticas denigrantes contra la mujer, que son difíciles de sancionar: «Sólo se puede cuando se cosifique a una mujer para inducir al consumo de alcohol. Es difícil de aplicar», según le detalló el jefe de Policía Local de Calvià en una reunión.

«¿Cuánto material y cuantas personas se emplean para limpiar el turismo de excesos? Todo eso no llega a otras zonas del municipio. Hay pueblos completamente olvidados, calles de Sant Rafel donde no pasa nadie desde hace seis meses"

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Hubo debate sobre el West incluso cuando se trató una moción sobre la limpieza en el municipio: «¿Cuánto material y cuantas personas se emplean para limpiar el turismo de excesos? Todo eso no llega a otras zonas del municipio. Hay pueblos completamente olvidados, calles de Sant Rafel donde no pasa nadie desde hace seis meses. Se olvidan zonas de fuera para concentrar los esfuerzos en el West», critico la socialista Neus Marí.

Por otra parte, la aprobación del contrato del servicio de regulación y control de estacionamiento de vehículos con limitación horaria en la vía pública quedó aplazada por el recurso presentado por un concursante, Servicios e Infraestructuras Locales, que fue descartado por «falta de solvencia».

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