Ninguna de las actuaciones que los 70 letrados del turno de oficio de Ibiza y Formentera han llevado a cabo durante los meses de mayo y junio se les ha retribuido, denuncian. Tampoco está al día parte de los cobros relativos a marzo y a abril. Su situación, soportada por sus colegas del resto de Baleares y de las otras Comunidades que no tienen transferida la competencia de Justicia, les llevó a manifestarse este martes ante el edificio de la Delegación del Gobierno por el menosprecio que, lamentan, reciben del Ministerio de Justicia.
La causa oficial de estos retrasos, explica Eva María Cardona, miembro de la junta del Colegio de Abogados de las Islas Balears (Icaib), se achaca a un cambio informático y a la necesidad de controlar que los pagos de la administración estén correctamente justificados, algo sobre la que, adelanta, no tiene ninguna objeción: «Lo comprendemos, porque es dinero público, y esto requiere control». Sin embargo, entiende que lo que realmente se produce es una «falta de voluntad de pago».
«Ocurre que el ministerio, por una sola discrepancia, bloquea el pago a todos los abogados de las cinco comunidades que no tenemos transferida la competencia».
No es este el único agravio que los abogados de oficio declaran sufrir. Una instrucción les obliga ahora a reclamar el cobro de las actuaciones de justicia gratuita en los casos en los que el defendido deba finalmente abonar las costas del proceso, como ocurriría si el asistido no aportase la documentación pertinente.
Un imposible
Los letrados arguyen que, además de ser una disposición que no está en la norma -la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita-, en muchos casos es imposible dar con el moroso en cuestión. «Esto es un imposible. Cuando acaba una actuación, el justiciable ha desaparecido», apunta Cardona, quien entiende que, «aparte de excusas de mal pagador, hay una falta de voluntad para pagar».
Para Cristina Tur, abogada de oficio presente en la concentración, esta jura de cuentas «es una interpretación sui géneris de la propia ley del gobierno».
Además, otra de las reclamaciones del Icaib es reformar la ley de justicia gratuita, para actualizar los baremos y asegurar el pago puntual, así como incluir nuevas actuaciones que actualmente no se remuneran y ampliar el paraguas de la justicia gratuita a colectivos que no contemplaba la norma.
Sobre la segunda reclamación mencionada, Jesús Herrero, abogado de oficio, recordaba que «el trabajo no acaba en la sentencia. La sentencia hay que ejecutarla», lo que conlleva gestiones que se suman a muchas otras
A modo de ejemplo, Herrero mencionó el de una condena por conducir bajo los efectos del alcohol, cuando transcurrido el plazo de retirada de carné el conductor reclama la devolución del permiso.
