La consellera balear de Hacienda, Rosario Sánchez, justifica que no se aplique una deducción fiscal de 1.500 euros a las familias de estudiantes de Ibiza, Formentera y Menorca que cursen sus estudios superiores en la Península cuando los mismos se oferten en la Universitat de les Illes Balears (UIB) en Mallorca para proteger los intereses de la universidad balear, que, recuerda, se financia con «fondos públicos» de la Comunitat Autònoma y para que «todos los residentes en Balears tengan las mismas posibilidades de estudiar fuera o dentro del archipiélago balear». Los estudiantes de las islas menores que estudian en Mallorca sí obtienen la deducción fiscal, recuerda un portavoz del Govern.
Sánchez afirma, no obstante, que «cualquier propuesta de los consells insulares, con informes o más documentación, será bienvenida y objeto de estudio y análisis». Así responde la consellera balear de Hacienda a la propuesta aprobada por unanimidad en el pleno del Consell de Ibiza del viernes para instar al Govern a que modifique la legislación para que las familias de los estudiantes de las Pitiusas y Menorca que escogen seguir su formación superior en la Península se puedan beneficiar de esta deducción fiscal, aunque tengan la posibilidad de estudiar en Mallorca.
El decreto 1/2014 de 6 de junio establece una deducción de 1.500 euros para los contribuyentes de Balears, también los de Mallorca, con hijos a su cargo que desarrollen su formación superior en la Península porque no tienen la posibilidad de hacerlo en las islas porque no se imparte. Esto afecta a estudios universitarios, enseñanzas artísticas superiores, formación profesional de grado superior, enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior, entre otros.
La consellera asegura que la norma permite que todos los residentes en Baleares tengan "las mismas posibilidades"
Además, se limita este beneficio al cumplimiento de unos requisitos académicos y económicos. Por un lado, la base imponible total del contribuyente en el impuesto sobre la renta de las personas físicas del ejercicio no puede ser superior a 30.000 euros en tributación individual o a 48.000 si es conjunta y el estudiante no puede obtener, durante el ejercicio, rentas superiores a 8.000 euros; y, por otro, el beneficiario debe haberse matriculado de al menos 30 créditos.
La propuesta de Unidas Podemos que fue aprobada por unanimidad en el pleno del Consell señala que la limitación de la bonificación fiscal «provoca muchas quejas» de los estudiantes de las Pitiusas y Menorca que cursan sus estudios superiores en la Península.
El Síndic de Greuges
Precisamente, el Síndic de Greuges de Menorca, figura que no existe en Ibiza pese al compromiso incumplido por todos los gobiernos del Consell que se han sucedido en los últimos 20 años, recomendó en julio de 2020 al Consell menorquín, a raíz de la queja de una familia, que solicitara al Govern «lo más pronto posible» los cambios normativos necesarios para «poner fin a la discriminación que perjudica gravemente a los estudiantes de Menorca y, por extensión, a los de Ibiza y Formentera, y a sus familias».
El informe del Síndic de Greuges argumentaba que es «razonable favorecer la oferta de instituciones docentes y formativas de Balears», pero «no se puede obviar la discontinuidad geográfica de la Comunitat». «Un alumno menorquín tanto si quiere estudiar en Mallorca como en la Península se verá obligado a desplazarse y a residir fuera de su isla», aseguraba en el informe que motivó que en septiembre de 2020 el pleno del Consell de Menorca acordara solicitar el cambio legislativo al Govern. Sin embargo, desde que se aprobó esta iniciativa, el Ejecutivo balear ha aprobado dos presupuestos sin atender esta reivindicación.
