Tal como preveía el guion, el arquitecto técnico municipal de Sant Josep que, acompañado por un agente de la Policía Local, acudió ayer a primera hora al complejo turístico ilegal Casa Lola, en la zona de Davall sa Serra, no pudo acceder al interior de la propiedad para comprobar si se había ejecutado la orden judicial firme de demolición de las construcciones sin licencia. Nadie respondió a las llamadas por el interfono de los dos funcionarios. Ni en la entrada principal ni en la secundaria, situada junto a Casa Lolita. El agente y el técnico municipal levantaron acta de que no pudieron acceder al interior de la propiedad de la empresaria Paquita Sánchez y se marcharon.
El alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, aseguró posteriormente que «se esperaba» que no pudieran entrar, por lo que «de forma inmediata», dijo, se solicitará autorización judicial para acceder al interior y ejecutar el derribo de las ilegalidades cometidas de forma subsidiaria.
Diez años de tramitación
Guerrero explicó que hace unos días la propiedad remitió un escrito al Ayuntamiento en el que «por falta de tiempo» pedía «un plazo de otro mes para preparar el proyecto del derribo», solicitud que ha sido denegada. «Consideramos que 10 años es tiempo más que suficiente y, por ello, continuaremos con el procedimiento», indicó el alcalde, en referencia a todo el tiempo que ha transcurrido desde que el Consistorio detectó las construcciones sin licencia e instó a la propiedad a restaurar la legalidad.
El Ayuntamiento marcó el día de ayer como la fecha tope para que la propiedad ejecutara voluntariamente el derribo, en cumplimiento de una sentencia firme. Cuando el juez autorice ahora la entrada en el domicilio, un técnico municipal accederá a Casa Lola para comprobar la situación de las construcciones ilegales y si en el interior hay objetos de valor que deban ser retirados previamente. Posteriormente, se ejecutará el derribo a través de una empresa de construcción, con un coste previsto de 275.000 euros, cuantía que se reclamará a la propiedad, a lo que se añade la sanción de 1,4 millones por la comisión de una infracción urbanística grave.
La lista de las obras ejecutadas sin licencia contempla una piscina y una terraza anexa al edificio principal, un porche, una edificación de unos 50 metros cuadrados y los cimientos de otra de 30 metros cuadrados de superficie aproximada, además de una construcción de 50 metros cuadrados situada en el norte de la parcela, próxima al camino de acceso, más otras dos que forman una ‘L’ de 200 metros cuadrados (50 metros una y 150 metros cuadrados la otra), y un depósito de agua con una superficie de 52 metros cuadrados.
También hay ocho volúmenes de planta baja con una superficie construida cerrada total de 933 metros cuadrados, terrazas cubiertas de 342 metros cuadrados y otras abiertas de 414 metros cuadrados, además de otras dos piscinas con un espejo de agua de 84 y 68 metros cuadrados, y una cisterna de 36 metros cuadrados.
