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Diario de Ibiza

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Ciudadanos rompe ahora la unidad de Sant Antoni y denuncia irregularidades

El segundo teniente de alcalde vota en contra del último pago de casi 230.000 euros por las obras de eliminación de barreras arquitectónicas porque superan en un 30% el presupuesto inicial y no se tramitó una modificación del proyecto como marca la ley

Joan Torres, Marcos Serra y José Ramón Martín, los representantes del gobierno tripartito de centro derecha, en un pleno del Ayuntamiento de Sant Antoni. Vicent Marí

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, del PP, vive un suplicio en su primer mandato al frente del Consistorio con un gobierno de coalición con Proposta per Ibiza y Ciudadanos cada vez más inestable. Hasta ahora, el primer teniente de alcalde, Joan Torres, de PxE, era el que más quebraderos de cabeza ocasionaba a Serra, pero ayer, en el pleno, le superó el segundo teniente de alcalde, José Ramón Martín, de Cs, que rompió la unidad de voto del gobierno hasta en dos ocasiones y, además, denunció irregularidades en la tramitación de la tercera fase del proyecto de eliminación de barreras arquitectónicas que los dos grupos de la oposición pasaron por alto.

En todo caso, PP y PxE sacaron adelante las dos votaciones (el pago de la última factura del proyecto de supresión de barreras arquitectónicas por un total de casi 230.000 euros y la modificación de la ordenanza del taxi), pese al voto en contra de su socio de Cs con la complicidad de PSOE-Reinicia.

El segundo teniente de alcalde justificó su voto en contra del pago a Hermanos Parrot de la última certificación de obra en el hecho de que el coste final supera el 30% del presupuesto inicial y, tal como determina la ley, se debería haber aprobado una modificación del proyecto (con un informe justificativo de que concurrían razones de interés general) por parte de la junta de gobierno, lo cual se omitió.

Otros casos similares

De hecho, el interventor advirtió de los incumplimientos, aunque validó finalmente el pago de la obra por la existencia de un informe que avala que se han ejecutado los trabajos recogidos en la certificación y se ajustan a los precios de mercado.

Ahora bien, el interventor agrega que, según el Tribunal de Cuentas, la reiteración de esta práctica sí es motivo para que proceda la revisión de oficio y le consta «actuaciones similares» de otros contratos de obra que «deberían ser erradicadas». Finalmente, aprueba el pago, pero «sin perjuicio de la eventual exigencia de responsabilidades». "Creo y entiendo que no lo harán", dijo Martín.

El segundo teniente de alcalde de Sant Antoni aclaró que no ponía en duda que los trabajos se hubieran hecho, pero que no podía pasar por alto el incumplimiento del procedimiento. «Se juega con el dinero de todos los ciudadanos», dijo, al tiempo que señaló que «las obras son responsabilidad de una persona pero si el coste supera el 10% del presupuesto inicial, le corresponde a la junta de gobierno», lo cual no se hizo. También recordó que lo mismo sucedió en las fases 1 y 2 del mismo proyecto gestionadas por el anterior tripartito de centro izquierda. La primera fase, con un coste de 526.000 euros, superó más del 100% el presupuesto inicial, y la segunda (191.423 euros), «entre un 35 y 40%».

El responsable del departamento de Obras, Joan Torres, explicó que el incremento de costes está «totalmente justificado» y se debe a imprevistos («sorpresas», dijo) durante la ejecución de las obras y que el funcionario del departamento que actuó como director técnico del proyecto optó por autorizar el incremento de obra, al margen del procedimiento reglado, porque había que buscar «soluciones urgentes» cuando una calle, por ejemplo, estaba abierta. Torres expresó su «apoyo» al funcionario, aunque dijo que trabajará para que «no vuelva a pasar».

El alcalde admitió que no se ha seguido el procedimiento adecuado. «Esperemos que se revierta y se hagan las cosas como toca. Que sea la última vez y se trabaje en este sentido», se limitó a decir. Martín fue el único que votó en contra. PSOE-Reinicia y Unidas Podemos optaron por la abstención.

Cs ridiculiza la nueva ordenanza del taxi de su gobierno

El segundo teniente de alcalde de Sant Antoni, José Ramón Martín, de Ciudadanos, ridiculizó la modificación de la ordenanza que regula el servicio del taxi, que se aprobó ayer de forma definitiva, al calificarla como «un chicle». «Porque la masticas y al final no hay manera de tragarla», dijo Martín. La controversia interna radica en la inclusión del mismo artículo (el 51.2) de la ley de transportes de Balears que exime a los titulares de licencia de taxi a conducirlos.  

Martín critica la falta de claridad del texto aprobado, que dice: «El servicio podrá prestarse por su titular o conductores que cumplan las condiciones de carácter personal que se establecen, contratados de conformidad con el Estatuto de los trabajadores o la normativa que sea de aplicación». El concejal de Cs considera que es interpretable y que no queda claro si un titular tiene la obligación o no de conducir su taxi. «Este es un debate que hay que abordar y consensuar», indicó Martín. 

La Asociación de Taxistas Profesionales de Vila presentó alegaciones en las que advertía de que este artículo resulta «defectuoso e incompleto», a lo cual, el segundo teniente de alcalde añade que crea «inseguridad jurídica». Esta alegación ha sido desestimada.

En la aprobación inicial de la nueva ordenanza, en la que ya se preveía este cambio, Martín no puso objeción alguna y votó a favor. Justificó ayer su cambio de criterio en que el concejal responsable del área de Movilidad, Joan Torres, había dicho que estaba «consensuada por todos los ayuntamientos». «Nos lo creímos», dijo.

Por su parte, Torres recordó en el pleno que la ordenanza se adapta a la legislación balear, que es competente en el transporte público, e invitó al partido de su socio de gobierno a que promueva una iniciativa en el Parlament para cambiar la ley si considera que no es suficientemente clara. La nueva ordenanza que se aprobó con el voto favorable de PP, PxE y PSOE y en contra de Cs y Podemos, regula también el uso del datáfono para pagar con tarjeta y el uniforme de los taxistas que será obligatorio a partir de la próxima temporada turística.

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