M.G podrá recuperar su casa en septiembre después de que fuese ocupada en marzo de 2019. Tras más de dos años de lucha incansable junto a su abogada, han conseguido por fin que el juzgado de Primera Instancia número 4 dicte, de nuevo, una orden de desalojo para este domicilio, ubicado en Platja d’en Bossa, en Sant Josep, tal y como se acordó en un juicio el pasado 13 de julio. La primera vez que se dictó esta orden (en febrero de este año) no sirvió de nada, porque se había traspapelado un documento de julio de 2020 en el que la okupa pedía un abogado y procurador de oficio. Dicho escrito apareció a principios de este verano, por lo que el proceso de desahucio tuvo que volver a comenzar y no se pudo expulsar a la okupa el 14 de junio, tal y como se había previsto.
«Hemos ganado el procedimiento, han decretado el desahucio y la demandante y su abogado han recurrido, pero como no tiene efectos suspensivos, estamos pendientes del lanzamiento», explica la abogada de M.G.
«Soy víctima de los errores de la Justicia», expresa M.G. en conversación con este diario. Tras todo este proceso, pide que la justicia sea más ágil y «no haga más complicados temas que son sencillos». «Debería ser tan fácil como expulsar a los okupas en el momento en el que los propietarios demostremos que la vivienda es nuestra. La okupa es una aprovechada del esfuerzo de los demás», añade. Ahora se ve obligada a vivir en el bar de Ibiza del que es propietaria mientras espera recuperar su casa: «Viviendo aquí con mi hijo, que vive en la península y ha venido a pasar el verano conmigo. No puedo abrir el bar y ganar dinero, así que estoy tirando de ahorros y de la ayuda de un familiar», explica M.G, que también se ha puesto en contacto con los servicios sociales de Vila, donde estaba empadronada hasta hace poco. Quiere, por ejemplo, conseguir el certificado de vulnerabilidad.
«Debería ser tan fácil como expulsar a los okupas en cuanto los dueños demostremos que la vivienda es nuestra»
«Además, la okupa, al fin y al cabo, está echando a un crío de su casa y de Ibiza, porque si yo recuperara mi casa, él podría vivir conmigo aquí todo el año», denuncia la demandante.
Como es lógico, desde que su casa ha sido okupada, M.G. no paga la hipoteca. El banco está al tanto de esta situación, pero ella expresa su incertidumbre: «Tengo miedo de que me embarguen la casa, porque ya llevamos mucho tiempo así, la okupa me está causando muchos problemas», lamenta. Y es que señala que sin este problema, podría abrir su negocio o incluso alquilar algunas habitaciones para poder seguir pagando la hipoteca.
«Sólo quiero vivir en mi casa»
«Estoy tratando de ser fuerte, pero necesito verlo todo de una manera muy fría para lograrlo. Sólo quiero volver a vivir en mi casa y que mientras espero el desalojo me proporcionen algún apartamento para poder vivir con mi hijo», recalca esta ibicenca, que estaría dispuesta, incluso, a pagar una cantidad moderada por ello. «He mirado pisos pero los precios se salen de madre, y yo tengo que seguir pagando los gastos del bar, porque aunque no abra, gasto luz y agua, y encima están subiendo el precio de la luz», agrega.
Además, M.G. teme por el estado en el que encuentre la vivienda dentro unas semanas ya que en el exterior la demandada acumula trastos de todo tipo (ver foto). El domicilio estaba recién reformado en el momento de ser okupado.
Su abogada pide más medios para la Justicia para que situaciones como esta no se repitan: «La Justicia tiene que ser más hábil, necesita más personal, más jueces, más funcionarios... para que fuera todo más ágil no solo para temas de ocupación, sino en general», subraya.
