Los propietarios del bloque A de los apartamentos Don Pepe rechazaron ayer unánimemente la oferta presentada por el Ayuntamiento de Sant Josep para comprar el terreno y hacerse cargo de la demolición del inmueble, después de haber iniciado su declaración de ruina. Así se acordó en la asamblea celebrada en el Cine Regio, a la que también acudieron propietarios y vecinos del otro edificio de la urbanización, y en la que se expresó el rechazo mayoritario a la orden municipal de desalojo.
Para cumplir con las medidas sanitarias de espacio para las 125 personas que acudieron a la reunión ayer por la mañana, los vecinos alquilaron el Cine Regio de Sant Antoni. Tras la asamblea, el abogado de la comunidad, Juan Nadal, informó de que la totalidad de los propietarios rechazaba la oferta de compra del edificio «porque era inaceptable».
Los propietarios del bloque A rechazaron ayer unánimemente la oferta presentada por el Ayuntamiento
Propuesta «inaceptable»
El Ayuntamiento ofrece 1.971.000 como compensación por los terrenos que ocupa el edificio en el Parque Natural de ses Salines, tasados por un perito externo, ya que entiende que la construcción carece de valor por encontrarse fuera de ordenación. Se da la circunstancia de que, en la documentación municipal, solo se ha encontrado la licencia del bloque B y no la del A, aunque los propietarios inciden en que en el expediente de ese permiso constan los dos inmuebles que fueron edificados. Por el mismo hecho de encontrarse fuera de ordenación, el Ayuntamiento esgrime que no se pueden conceder licencias para rehabilitar el edificio, que presenta daños estructurales.
Nadal precisó que la oferta administrativa supondría 29.000 euros por cada apartamento [no 17.000 como informó ayer este diario], «cuando hay propietarios que están pagando más de 80.000 euros por su hipoteca». «Son terceros compradores de buena fe de unas viviendas que nadie dijo hasta ahora que eran ilegales, por lo que se encuentran en una situación de indefensión absoluta».
El abogado anunció que su despacho recurrirá tanto la declaración de ruina, «con los informes para demostrar que no está en ese estado», como para intentar parar la orden de desalojo, prevista por los vecinos para el lunes por la mañana, según las notificaciones que empezaron a recibir ayer. Además, expresó su sospecha de que el Ayuntamiento «irá después a por el bloque B, afectando en total a cerca de 100 familias «en una situación terriblemente delicada».
Entre los vecinos congregados en la puerta del Cine Regio se evidenciaba la angustia que están sufriendo con este proceso y su malestar con el Ayuntamiento de Sant Josep. «De mi casa no me pienso mover, me la he comprado con todas las de la ley», aseguraba Anisa Mohamed. «Si son una ruina inminente y pueden caer en cualquier momento, ¿porqué nos han dejado un año allí y no nos sacó en junio del año pasado [cuando se produjeron los primeros desalojos en dos escaleras del bloque, que consta de cinco]».
Los afectados incidieron en que no quieren recibir dinero del Ayuntamiento y reclaman que se les permita ejecutar las obras de reparación de las patologías del inmueble.
El Ayuntamiento mantendrá su oferta de compra
El Ayuntamiento de Sant Josep declinó ayer valorar la negativa de los propietarios del bloque A de los apartamentos Don Pepe a su oferta de compra de los terrenos, con una compensación de 1.971.000 euros a cambio de hacerse cargo de la demolición. No obstante, anunció que mantendrá esta propuesta por si, en un futuro, la comunidad quieren cambiar de opinión.
Sant Josep también informó de que «varias familias» de las tres escaleras que prevé desalojar el lunes han pedido el realojamiento provisional en los apartamentos Bon Sol de Platja d’en Bossa. Tal y como anunció esta semana el alcalde, Ángel Luis Guerrero, los Servicios Sociales municipales ofrecen pagar una estancia de dos meses en este establecimiento, además de un seguimiento individualizado para ayudar posteriormente a conseguir un alquiler.
El Ayuntamiento subraya que «no tiene obligación» de hacerse cargo de la compra del edificio en es Codolar y que la oferta tiene como objetivo que los afectados puedan recibir una compensación económica por los terrenos. Tras el inicio del expediente de ruina, la administración municipal solo ve viable el derribo del edificio, ya que entiende que, al encontrarse fuera de ordenación, no se pueden conceder las preceptivas licencias.
El Ayuntamiento también se ofrece a sufragar los costes de demolición del edificio, estimados en un millón de euros, en caso de que los propietarios acepten su propuesta. En caso contrario, Guerrero indicó que sería responsabilidad de la comunidad hacerse cargo de las obras de demolición, así como de los 250.000 euros invertidos por el Consistorio en los trabajos de apuntalamiento el año pasado.
