El Registro Unificado de Maltrato Infantil de Balears (RUMI) recibió un total de 53 notificaciones de casos de abusos sexuales a menores en Ibiza durante el año 2019, de los cuales 39 fueron valorados como «graves», informa a este diario el responsable de la Oficina Balear de la Infancia y Adolescencia (OBIA), Serafín Carballo.
Este registro es el sistema centralizado en el cual «cualquier profesional» del ámbito educativo, sanitario, policial o de los Servicios Sociales debe comunicar la posible existencia o sospecha de alguna situación de maltrato o de negligencia sobre un menor de la que ha tenido conocimiento.
«En 2019, de Ibiza hubo un total de 1.147 notificaciones al RUMI de todo tipo de malos tratos, negligencia, abandono, maltrato psíquico, maltrato físico, tanto moderado o leve como grave», comenta Carballo, quien incide en los 53 ya mencionados de abusos sexuales y los 39 calificados como «graves» según la valoración inicial de los profesionales que los notificaron.
A pesar de estas cifras, en el año 2019 tan solo dos menores recibieron tratamiento psicológico en la Unidad Terapéutica de Abuso Sexual Infantil (Utasi) del Govern balear, donde llegan para ser atendidas aquellas víctimas cuya familia es protectora y, por tanto, cuya tutela no tiene que ser asumida por el Consell de Ibiza.
Contacto con las familias
El defensor del Menor apunta que varias madres de Ibiza cuyos hijos han sufrido abusos sexuales han contactado con la OBIA para expresar su malestar por la «falta de solución» que se está dando a la situación que están viviendo los menores, que llevan meses esperando informes periciales psicológicos que les permitan recibir tratamiento por parte de la Utasi.
Precisamente desde el Instituto de Medicina Legal (IML) reconocieron hace unas semanas a este diario el retraso que existe a la hora de realizar pruebas periciales psicológicas y de emitir los informes, que en algunos casos de abusos sexuales están llegando a demorarse hasta seis meses.
Carballo explica que, de acuerdo con el protocolo suscrito por todas las administraciones y servicios que intervienen en este tipo de asuntos en Ibiza, es necesaria «una sentencia judicial o una valoración previa del IML que determine que hay credibilidad en el testimonio y que hay indicios razonables» de que los abusos se han producido para que las víctimas sean atendidas por la psicóloga de la Utasi, un servicio que tiene sede en Mallorca pero cuyos profesionales se desplazan al resto de islas.
Pero al mismo tiempo, reconoce que «es necesario aumentar la dotación de psicólogos forenses del IML» para desarrollar este trabajo para que no se produzcan demoras. «Sólo hay una que es buena profesional y tiene una excelente formación, pero es a todas luces insuficiente en este momento para [atender] las situaciones que están llegando en relación al tema de los abusos», apunta Carballo, quien precisa que las denuncias de presuntos abusos «se están incrementando» actualmente.
Una profesional, además, que no sólo realiza valoraciones psicológicas en estos asuntos, sino en todos los procedimientos que se tramitan en los juzgados y en los que se estima necesaria la peritación.
Alternativas para evitar demoras
Mientras el aumento de personal no se produce, el defensor del Menor apunta que se podría recurrir a la bolsa del Colegio Oficial de Psicólogos de Balears (Copib), de la que ya «en algún momento se ha echado mano», para que los jueces nombren a psicólogos expertos incluidos en ella para realizar valoraciones y peritaciones. «Entiendo que en este momento no se está haciendo y que se podría recurrir a esa bolsa para desatascar la situación», afirma y destaca la necesidad de que los profesionales cuenten con la formación especializada requerida, que debe proporcionarse.
Otra opción que plantea es contar con una Unidad de Valoración de Abusos Sexuales (Uvasi) dentro del Servicio de Protección de Menores, igual que se ha hecho en el de Mallorca, donde hay un equipo de cinco técnicos con «formación, competencia y capacidad para explorar a los menores y hacer informes de credibilidad de testimonio», dice Carballo, que agrega que los jueces «suelen tener en cuenta sus informes como válidos».
La Uvasi valora «entre 180 y 200 niños que han sido presuntamente víctimas» al año y una vez emitidos los informes, los menores pueden recibir tratamiento. Carballo opina que, aunque el protocolo diga que en Ibiza, y también en Menorca, la valoración corresponde al IML, «sería bueno que los Consells se plantearan la puesta en marcha de pequeñas unidades de valoración de abusos sexuales».
Apoyo para los que no hablan
En cuanto a los menores que no prestan testimonio y para los que no se puede emitir ese informe de credibilidad, lo que les deja fuera del tratamiento, Carballo comenta que es necesario que el juez determine «qué tipo de apoyo terapéutico se puede hacer para que, sin entrar en la temática del abuso, puedan empezar a relajarse, a descomprimirse». Sostiene que es necesario determinar quién podría realizar esta labor, que tendría que ser «de apoyo, no de exploración o credibilidad para no contaminar el testimonio» y menciona como opciones los psicólogos del hospital Can Misses o de la Unidad de Salud Mental. «O se puede buscar la colaboración del Colegio de Psicólogos», plantea e insiste en que es algo que hay concretar para aquello casos de «niños que están silenciados o no van a colaborar en un primer momento».
Para Carballo, las quejas y el malestar de las familias son «legítimos». «Para no contaminar el testimonio y que luego pueda ser desechado, se recomienda que no haya intervenciones de otros profesionales o psicólogos o que los padres sean discretos a la hora de abordar estos temas. Pero evidentemente, si tu hija ha sido víctima de abusos no puedes estar esperando seis meses a que se resuelva esto para tratar de consolarla», resalta y subraya que estas situaciones constituyen «un maltrato institucional».
«Por tanto, las instituciones tienen que buscar una fórmula que permita dar una respuesta rápida a la necesidad de dar apoyo a estos niños y niñas que han sido presuntamente agredidos», asevera Carballo, quien indica que esto se abordará en la reunión que hay prevista para mañana en el Consell de Ibiza y en la que participarán todos los servicios y administraciones implicados.
Consells se plantearan la puesta en marcha de pequeñas unidades de valoración de abusos sexuales».Apoyo para los que no hablan
En cuanto a los menores que no prestan testimonio y para los que no se puede emitir ese informe de credibilidad, lo que les deja fuera del tratamiento, Carballo comenta que es necesario que el juez determine «qué tipo de apoyo terapéutico se puede hacer para que, sin entrar en la temática del abuso, puedan empezar a relajarse, a descomprimirse». Sostiene que es necesario determinar quién podría realizar esta labor, que tendría que ser «de apoyo, no de exploración o credibilidad para no contaminar el testimonio» y menciona como opciones los psicólogos del hospital Can Misses o de la Unidad de Salud Mental. «O se puede buscar la colaboración del Colegio de Psicólogos», plantea e insiste en que es algo que hay concretar para aquello casos de «niños que están silenciados o no van a colaborar en un primer momento».
Para Carballo, las quejas y el malestar de las familias son «legítimos». «Para no contaminar el testimonio y que luego pueda ser desechado, se recomienda que no haya intervenciones de otros profesionales o psicólogos o que los padres sean discretos a la hora de abordar estos temas. Pero evidentemente, si tu hija ha sido víctima de abusos no puedes estar esperando seis meses a que se resuelva esto para tratar de consolarla», resalta y subraya que estas situaciones constituyen «un maltrato institucional».
«Por tanto, las instituciones tienen que buscar una fórmula que permita dar una respuesta rápida a la necesidad de dar apoyo a estos niños y niñas que han sido presuntamente agredidos», asevera Carballo, quien indica que esto se abordará en la reunión que hay prevista para mañana en el Consell de Eivissa y en la que participarán todos los servicios y administraciones implicados.
El protocoloReunión entre el Govern, el Consell, Justicia y las fuerzas y cuerpos de Seguridad
Mañana lunes está previsto que se celebre una reunión de revisión del protocolo de atención a los menores víctimas de abusos sexuales. Convocada por el Consell de Ibiza, en la misma participarán la Fiscalía, el Instituto de Medicina Legal, la Guardia Civil, la Policía Nacional, el Servicio de Protección de Menores y la dirección general de Menores del Govern, indica el defensor del Menor, Serafín Carballo, que también estará presente. Carballo dice que allí todas la administraciones implicadas deberán «buscar fórmulas que permitan resolver esta situación».
