El acuerdo, entre críticas de todo tipo, para reclamar al Govern que salde una deuda pendiente no se repitió en el debate sobre las inversiones estatutarias perdidas (cuatro millones) por la extinción del convenio suscrito en 2010 entre el Estado y el Govern balear y la negativa del primero a prorrogarlo.

El portavoz del PSOE, Vicent Torres, insistió en que si el Consell contrata antes del 31 de enero, cuando se acaba el plazo para acabar las obras, el proyecto de senderos turísticos y soterramiento de cables eléctricos en ses Salines (ya cuenta con todos los permisos necesarios desde noviembre del año pasado) se podrá conseguir la financiación del Estado. Apuntó que hay un precedente en Mallorca. En todo caso, Torres dijo que entendía la posición del Estado de dar por extinguido el convenio porque ha pasado una década y los proyectos pendientes no se han ejecutado. «Tiempo hemos tenido todos [cuatro presidentes de PP y PSOE en este tiempo] y yo asumo mi responsabilidad de lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho», recalcó Torres.

El conseller de Gestión Ambiental, Vicent Roig, subrayó repetidamente que el argumento de que si se contratan e inician las obras antes del 31 de enero el Estado pagará el proyecto de ses Salines es «una falacia total». «Nos encontraríamos en la situación de que deberíamos pagarlo con fondos propios y no podríamos porque esta obra se escapa de nuestras competencias», dijo.

Se produjo un rifirrafe entre Roig y Torres después de que el primero echase en cara al segundo su desconocimiento, pese haber sido presidente de la institución, de cómo es un proceso de contratación (seis meses en el caso del proyecto de ses Salines). Aparte de pedirle respeto, Torres exigió «otro tono de voz cuando hable con un expresidente». Ante la falta de acuerdo el PP y Cs aprobaron su moción, con el voto en contra del PSOE, para instar al Govern a que recupere la financiación inicialmente perdida. Y el equipo de gobierno tumbó la propuesta socialista que pedía también la contratación de las inversiones estatutarias que «sean posibles» antes del 31 de enero.