«Si el problema es la normativa, si es eso lo que no está bien, pues vamos a por la normativa, al origen del problema». Así de claro lo tienen Consuelo Guerra y Susana Ribas, madres de Beltrán y Abril, dos niños con necesidades especiales que, tras ver la falta de recursos para sus hijos en los centros educativos, han decidido coger el toro por los cuernos. Quien dice toro, dice normativa. Llevan desde el año pasado revisando papeles, comprobando ratio, reclamando personal y material pero este septiembre, ver que los «especialistas» que atienden a sus hijos «tenían que hacer de tutores», fue la gota que colmó la paciencia de estas madres. «Fue desolador», indican antes de afirmar que están decididas a hacer todo lo que sea necesario, con las asociaciones de las que forman parte y de manera individual, para que tengan los recursos apropiados.
La semana pasada, ellas dos y otra mamá volaron a Mallorca para reunirse con Serafín Carballo, director de la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia (OBIA), y Marta Escoda, del servicio de Atención a la Diversidad de la conselleria balear de Educación. «Carballo fue muy empático y recogió nuestras quejas y peticiones, pero nos dijo que quien de verdad podía actuar era Educación», señalan las madres cuyos hijos tienen elevados porcentajes de discapacidad y el más alto grado de dependencia.
Matemáticas y realidad
Matemáticas y realidad
Explican que descubrieron «la trampa» de la normativa cuando, hartas de que les dijeran que ésta se cumplía, quisieron comprobarlo. «Es una fórmula matemática que no tiene en cuenta la realidad de cada niño», afirman. Así, por ejemplo, señalan que para los especialistas de Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica, «se tienen en cuenta los niños con necesidades especiales con una adaptación curricular significativa».
Esto, denuncian, deja sin este recurso a los niños de Infantil «porque no se hacen esas adaptaciones». La normativa tampoco resuelve los problemas de los pequeños con más necesidades en cuanto a Auxiliares Técnicos Educativos, aseguran: «Se mide por puntos. Con 40 puntos tienes un ATE a jornada completa. Pues Abril, con una discapacidad del 95% y una dependencia del grado III, el más alto, sólo tiene 21. ¿Cómo tiene que estar un niño para tener un ATE completo? La respuesta que se nos ocurre es muy fuerte».
Las madres niegan que la reducción de ratios en las aulas por el Covid que ha anunciado la conselleria repercuta de forma positiva en la atención que reciben sus hijos en los centros. Señalan que muchos de los docentes no tienen la formación específica necesaria y, además, que a los centros no se les ha dotado de tantos profesores más como grupos se han creado, lo que obliga a los equipos directivos a hacer «encaje de bolillos» para tratar de repartir de la mejor forma posible sus escasos recursos para la diversidad entre todos los niños que los necesitan. De la misma manera, las madres critican que se asignen los recursos sin tener en cuenta la matrícula extraordinaria y confiesan «el sentimiento de culpa» que les invade cuando saben que para dotar a su colegio de medio especialista más se lo han quitado a otro. «A otros niños que lo necesitan», reflexionan.
El del material es otro tema. Se ríen por no llorar. «Educación tiene un catálogo, pero, por ejemplo, sólo hay un modelo de silla, que no le va bien a todos los niños», indican. La silla, además, se compra grande con la intención de que les sirva más cursos, sin embargo, los adaptadores hasta que la silla sea de su talla, los tienen que pagar las familias. Es lo que le ha pasado a Susana, que añade que el adaptador del baño del catálogo de Educación «no vale» para los sanitarios del centro de su hija. Las familias denuncian la «rigidez» del catálogo y reclaman también que se modifique para cubrir al máximo posible las necesidades de cada niño.
Consuelo recuerda la indignación que sintió cuando se enteró de que se habían instalado 30 desfibriladores en centros educativos de Balears, pero ninguno en Ibiza. Como su hijo, Beltrán, sufre una cardiopatía relacionada con la enfermedad rara que tiene diagnosticada, pidió uno para su centro y en un primer momento le propusieron pagarlo mediante una «carrera solidaria». Se negó. «Es su obligación dotar a los centros de lo que necesiten. Las carreras solidarias, para unos columpios nuevos, pero no para algo que es un derecho», apuntan.
Las madres exigen que todos los niños con necesidades especiales estén bien atendidos en los centros educativos y cuenten con los recursos, tanto profesionales como materiales, que necesiten. Reclaman que esto no dependa de la «buena voluntad» de los equipos directivos y los docentes y exigen que sus hijos dejen de ser números para quienes asignan estos recursos a los centros, sino que se tengan en cuenta sus características y necesidades. Después de estudiarla a fondo, consideran que la normativa no garantiza esa atención para sus hijos, por lo que están dispuestas a cambiarla.
