Los magistrados de la sección primera de la Audiencia Provincial han vuelto a declarar improcedente la acusación hecha por el empresario Francisco Vilás contra el alcalde Vicent Marí, los concejales Mariano Juan y Pedro Juan y un funcionario del Ayuntamiento de Santa Eulària, informaron ayer desde el Consistorio. El empresario acusa al Ayuntamiento de la presunta comisión de un delito de malversación de capitales públicos en relación con la tramitación de la licencia para un nuevo hospital y residencia privados en Jesús. De esta forma, señala el Ayuntamiento, el tribunal confirma la decisión del Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza, que determinó hace un año que no existía ningún motivo para admitir la querella del empresario por este motivo.
Se trata de la tercera resolución a favor de los representantes del Consistorio, puesto que el mismo Juzgado número 2 de Ibiza también declaró en septiembre el sobreseimiento libre y archivo de la acusación por prevaricación y malversación.
La Audiencia repasa los argumentos de la resolución en primera instancia que no apreciaba la existencia del delito de malversación por parte del alcalde, los concejales o del funcionario también denunciado. Afirma la sentencia que «en efecto, no se ve ni puede sugerirse, a partir del relato de la querella, apropiación por los funcionarios querellados de los capitales públicos puestos a disposición, distracción o desvío de fondos públicos a finalidades privadas o impropias (...) ni, en su caso, exceso mínimamente relevante a la gestión o administración de los mismos capitales».
«Incongruencias»
«Puede observarse, inicialmente, que el relato de la querella no refiere ni concreta apropiación de dinero de ningún tipo por parte de los funcionarios o autoridades querelladas, ni desvío de fondo a finalidades ajenas», explica el Ayuntamiento.
Únicamente, remarcan desde el Ayuntamiento, habla de una «condonación de las tasas vinculadas a determinadas licencias que, según se indica en la misma querella, no es propiamente tal, puesto que dichas tasas supuestamente no cobradas se reconocen ingresadas por la Administración municipal», añade la resolución, que pone en claro «las «incongruencias y falsedades de los argumentos de la acusación».
