­El borrador de reforma no satisface ni a los portavoces del negocio hotelero ni a los de la incipiente industria del alquiler vacacional. Inma Benito, presidenta de la Federación Hotelera de Mallorca, remarcaba ayer que con esta regulación turística las islas se arriesgan a «la quiebra del modelo turístico». De opinión similar son en la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera, cuyo presidente, Juanjo Riera, lleva meses insistiendo en que «regularizar es lo mismo que legalizar», es decir, que lo que se vende desde el Govern como un proyecto para poner orden no es más que una forma de autorizar la actividad irregular que satura las islas, genera problemas de convivencia y ha provocado «una burbuja inmobiliaria en el mercado del alquiler».

Al otro lado de la trinchera, el alquiler vacacional disparaba con más intensidad. En Aptur, la asociación que agrupa a los propietarios de inmuebles dedicados al arrendamiento vacacional, consideran «un grave error» que el Govern «apueste por mantener el actual techo de plazas». Insisten en que eso provocará que queden fuera de la ley más de la mitad de las viviendas turísticas, toda vez que hasta llegar al límite máximo previsto quedan 45.000 plazas libres, pero hay más de 100.000 pendientes de regularizar. «Con esta medida no se da respuesta en absoluto a la realidad del mercado turístico», abundan en el colectivo presidido por Juan Estarellas.