EPIC destaca que los presuntos delitos detectados corresponden a la documentación que hasta ahora han podido reunir. Villalonga ha denunciado en reiteradas ocasiones que hay determinados documentos (como los expedientes de las causas judiciales interpuestas por el Consell contra el Consistorio) que el equipo de gobierno no le ha facilitado. Advierte de que la alcaldesa Pilar Marí se verá obligada a entregar esos mismos documentos al juzgado y de ellos puede derivarse una ampliación del número de delitos o bien una reducción de los que ahora se apuntan. Los letrados de esta formación subrayan también que la falta de documentación les ha impedido «llegar a las personas del Govern» que podrían tener conocimiento de esta operación inmobiliaria.
«Empezamos la investigación a partir de los informes de Rubén Rodríguez y Joaquín Tornos, pensando que se trataba de una vulneración de la ley de contratación pública, pero han aparecido verdaderas barbaridades que están documentadas y el informe se ha dividido en dos partes, una para sede administrativa y otra penal», apunta el portavoz de EPIC.
La salida que prevé para este gran embrollo es que el Ayuntamiento tenga que indemnizar «con dos o tres millones» a la concesionaria y se quede con todos los edificios del Cetis, a excepción de los locales comerciales que ya han sido enajenados. Otra posibilidad es que, si se produce una condena, no corresponda indemnización a quien se benefició de la operación inmobiliaria.
«Se han saltado todos los preceptos de la ley de contratos del Estado. Lo difícil es encontrar algo que se haya hecho bien. Es un procedimiento plagado de irregularidades y no afecta solo al Ayuntamiento, sino también a Imvisa», asegura Villalonga. «Hablamos de decenas de millones de euros. Esto supera el caso Eivissa Centre. Con la excusa de hacer una estación de autobuses se hace un complejo inmobiliario de 40.000 metros cuadrados que comporta mucho dinero y que, después de haber cedido los terrenos, ha costado mucho al Ayuntamiento», insiste.
