El Instituto Español de Oceanografía ha terminado su trabajo de estudio del entorno del pecio del `Don Pedro´ y la principal conclusión es que el naufragio no ha tenido consecuencias para la biodiversidad y la morfología marina de la zona. De todos modos, el informe del «estudio más detallado jamás realizado en España», como decía el responsable de divulgación del Instituto, Juan Acosta, también establece que será necesario mantener un seguimiento científico en torno al pecio tanto si se decide reflotarlo como si se deja donde está.
Si se opta por reflotar el mercante hundido, el seguimiento científico de la zona se mantendría durante tres años. Si, por contra, se escogiera la opción de dejar el `Don Pedro´ sumergido, el dispositivo de vigilancia ambiental se mantendría durante cinco años. Si se elige esta segunda posibilidad, comentaba Acosta, sería necesario mantener también un seguimiento de la dinámica sedimentaria del fondo marino para comprobar los «cambios que provocaría un barco de esa eslora al movimiento de depósitos en la placa continental» y también las consecuencias de la corrosión del barco.
A través de los estudios de campo que se han hecho en los últimos meses «se ha establecido el nivel cero» de contaminación y la propuesta del Instituto es mantener un seguimiento de los mismos parámetros que se han recogido hasta ahora, en el que es «el estudio más detallado de un tramo de la costa que se ha hecho en España».
Acosta comenta que el papel del Oceanográfico no es el de elaborar un listado con los pros y los contras del reflotamiento, ya que eso corresponde al estudio encargado por la dirección general de Marina Mercante a una empresa especializada, que también está concluido y entregado.
Decidir cuanto antes
Con ambos pronunciamentos técnicos, el paso siguiente será convocar a las administraciones implicadas para tomar una decisión en la que el mayor peso recaerá en las administraciones de Balears; de hecho, Acosta cree que «tendrán la última palabra». Al respecto, la consellera de Interior, María Ángeles Leciñena, comenta que el Govern espera recibir la convocatoria para ese encuentro «cuanto antes», para ganar tiempo y, si es posible, «resolver el problema antes del próximo verano. Sería lo deseable», apunta.
La consellera insiste en que quiere «participar hasta el final en el proceso» para tomar «la decisión más adecuada». Leciñena recuerda que, sea cual sea la decisión, «tendrá un coste ambiental y económico». Al Govern no le corresponde «ni tomarla ni ejecutarla, pero se estará ahí exigiendo que se haga lo que los informes digan que es lo mejor».
Fuentes gubernamentales aseguran que está a punto de celebrarse -«o, si no, se convocará de inmediato»- una reunión interministerial para analizar las opciones. Después se convocará al resto de implicados para darles traslado de los informes y adoptar una decisión.
Leciñena conoce superficialmente esos dos informes, pero espera a recibirlos para pronunciarse sobre su contenido. Recuerda que el compromiso era el de convocar a todas las adminsitraciones en septiembre para tomar una decisión, así que se acumula retraso y confía en que, si es posible, la reunión se celebre antes de terminar el año.
La consellera desconoce si se celebrará un único encuentro en el que se contará con las administraciones ibicencas o se realizará primero una reunión «del grupo original», con representantes del Estado y el Govern, para después dar participación al Consell y a los ayuntamientos afectados por el hundimiento. O bien en ese encuentro, o en una reunión posterior, se informará a los grupos ecologistas de la decisión que se ha tomado y sus motivaciones: «Su postura ya la conocemos, y cumpliremos con el compromiso de contar con ellos», comenta la consellera.
