El Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza admitió a trámite, el 1 de octubre de 2013, una nueva denuncia interpuesta por Leo Stöber, presidente de la empresa Sunway (propietaria del Club de Vacaciones Punta Prima), en la que acusa a los consellers de GxF del anterior equipo de gobierno del Consell de Formentera (2007-2011), de un presunto delito de «prevaricación, desobediencia y malversación de caudales públicos». El juzgado ha ordenado por ello la instrucción de diligencias previas.
Desde hace años este empresario mantiene abiertos diversos pleitos administrativos contra el Consell. Sin embargo en 2010 ya presentó una querella, por la vía penal, que llevó al Juzgado número 4 de Ibiza a imputar a los ahora denunciados en diligencias previas fechadas en 2012.
Se trata del presidente del Consell, Jaume Ferrer; de la vicepresidenta, Sonia Cardona; del conseller de Economía y Territorio, Bartomeu Escandell; de la consellera de Medio Ambiente, Silvia Tur, y del anterior conseller de Turismo (retirado de la política), Josep Mayans. La acusación se amplía a «otras personas y/o consellers que a lo largo de la instrucción puedan también resultar responsables de los hechos denunciados».
En esta ocasión Stöber acusa al equipo de gobierno de realizar «un urbanismo a la carta». En la denuncia de 36 folios, se compara el tratamiento otorgado a otros casos recientes de ordenación territorial con el que está defendiendo su empresa respecto a la posibilidad de desarrollar un proyecto residencial en un suelo calificado de urbanizable pero al que se le otorga un porcentaje cero de edificabilidad, según las Normas Subsidiarias (NN.SS.) aprobadas en 2010, por el gobierno insular de GxF-PSOE.
Los casos que Stöber expone como agravio comparativo para formular su denuncia son variados. El primero se refiere a la recalificación del solar de Ca ses Castellones en Sant Ferran, al considerar que su calificación dentro del área afectada por el BIC de la iglesia, tras la aprobación de las normas, ha sido realizada a la medida de los intereses del presidente del Consell por su vinculación familiar «con su presunto suegro y/o familiares (sic)», de la propiedad lo que permitiría volver a edificar en el mismo solar. La denuncia considera que «ni el presidente ni los demás consellers con intereses propios o familiares afectados por la aprobación de las NN.SS. pueden participar en la votación de estas normas».
Otros ejemplos expuestos tienen que ver con la recalificación que otorga las normas subsidiarias a los núcleos de es Pujols y Sant Ferran con la construcción de las respectivas rotondas y vías de circunvalación en donde considera que «los denunciados adoptan acuerdos claramente contrarios a la legalidad urbanística vigente». En esas carreteras Stöber considera que se ha podido producir una malversación de caudales públicos al urbanizar con dinero público las zonas lindantes cuyo coste, según asegura, debía correr a cargo de los propietarios. Finalmente, también expone el tratamiento dado por las NN.SS. a los proyectos en zonas ANEI, como las casas de la torre sa Gavina.
