El Govern balear paga anualmente unos 9,2 millones de euros a las navieras que operan en las líneas interinsulares en concepto de bonificación a sus tarifas oficiales, para que los residentes de esta Comunitat tengan más facilidades para desplazarse entre las islas. De esa cifra, 6,5 millones de euros se destinan a bonificar las tarifas de las navieras de la línea regular que operan entre Ibiza y Formentera. Actualmente son cinco empresas.
Aunque la bonificación no sea a la naviera sino al pasajero residente, son las empresas las que finalmente justifican ante la Administración el movimiento de pasajeros que anualmente embarcan entre las Pitiusas.
En el caso de los residentes de Formentera, el trayecto entre Ibiza y la Savina está bonificado en un 89%. Es decir, que un residente adulto cada vez que viaja a Ibiza paga unos 2,90 euros, más barato que el autobús del puerto al aeropuerto de es Codolar. El precio medio sin descuento está en los 26 euros por trayecto.
Formentera tiene este año una población residente censada de unas 12.800 personas, pero todo el mundo sabe, Administración y navieras, que ese censo está inflado con inscripciones de conveniencia. Es decir, personas que tienen familiares o amigos en la isla y que fijan su domicilio en ella solo para beneficiarse de los descuentos de residentes en los transportes, tanto marítimo como aéreo. Resulta difícil estimar cuántas personas son las que engordan ese padrón, algunos cálculos estimativos apuntan a unas 3.000.
El director general de Puertos y Aeropuertos del Govern, Xavier Ramis, detalla que esa cantidad para cubrir los descuentos de los residentes en la línea entre las Pitiusas sale de las arcas de la Comunitat Autònoma, es decir de los impuestos de todos los baleares: «Este tráfico de residentes está triplicando el coste de las líneas entre Mallorca y Menorca y entre Mallorca e Ibiza».
Inspecciones
Inspecciones
El director general recuerda que en las inspecciones que han realizado los técnicos de su departamento, en coordinación con los de Marina Mercante, tanto este año como en anteriores, se han «detectado deficiencias».
Según explica, los inspectores se personaron en el puerto de la Savina «y realizaron durante varios días controles, pidiendo también información a las navieras».
El director general señala que la función de la Administración «no es recaudatoria, sino la de fiscalizar los recursos públicos». Añade que la preocupación del Govern balear es «que se haga un mal uso de este dinero público de todos los ciudadanos y se aproveche de forma incorrecta».
Durante esas inspecciones, los técnicos localizaron «situaciones irregulares» por parte de algunos pasajeros, que tuvieron que devolver lo que les habían descontado.
