El PP ha presentado una querella contra el presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude en varios contratos con la empresa propiedad del exjefe de campaña de Més, Jaume Garau.
En la querella, los populares, en la oposición en la institución de la isla, citan 14 contratos del Consell con la empresa Regioplus Consulting S.L. -hechos públicos por el mismo gobierno insular el año pasado y por un valor total de unos 140.000 euros-, y alega que la lista «es suficientemente elocuente como para requerir que se investiguen dichos contratos ya que muchos no resultan justificados en su necesidad, ni en sus importes, existiendo en algún caso, inclusive, la duda de que se correspondan con prestaciones de contenido real y efectivo».
Los informes de Bernués
Entre la documentación, el PP se remite a dos informes del entonces gerente del Patronato Municipal de Turismo de Formentera, Carlos Bernués, que pedía la contratación de la empresa de Garau para realizar varias encuestas de satisfacción turística. «Se trata de unos informes que no se justifican, ni por su necesidad, ya que ya había sido realizado el barómetro turístico para cada una de las islas, ni por su precio, ya que el mismo resulta desproporcionado», dice la querella.
En su informe de 2016, Bernués calcula que el servicio costará en torno a 5.000 euros, aunque según los registros finales, acabó costando 15.000, según documenta el PP.
Los populares piden al Juzgado de Instrucción número 9 de Palma que investigue a Ferrer en calidad de presidente del Consell que realizó 14 contratos.
Gent per Formentera, formación que lidera Ferrer, acusó en un comunicado al Partido Popular de querer «perjudicar políticamente» al presidente del Consell insular y aseguró que toda la documentación aportada por la oposición ante el juez proviene del portal de Trasparencia público.
En la misma querella presentada esta semana, el PP implica a otros cinco políticos cercanos a Més, entre ellos Ruth Mateu, exconsellera autonómica de Transparencia, que dimitió el año pasado por este caso, que está siendo investigado tras una demanda de la Fiscalía Anticorrupción.
