El Tribunal Constitucional (TC) hizo pública ayer una sentencia que anula diversos preceptos de la nueva Ley de Costas de 2013, entre ellos su disposición adicional cuarta que establecía un procedimiento «excepcional» para la delimitación del dominio público marítimo-terrestre de Formentera «debido a la especial configuración geomorfológica de la isla». El fallo, que responde a un recurso del Grupo Socialista del Congreso, considera que esa disposición otorga injustificadamente una protección menor del dominio público que en el resto de España.
El TC aprecia que la reducción del dominio público litoral en el caso de Formentera no está lo suficientemente justificada en la ley y rechaza que se excluyan del mismo las zonas «que sean inundadas artificial y controladamente, como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto», como es el caso de las salinas.
Una disposición arbitraria
Los once magistrados del TC, por unanimidad, no dejan lugar a dudas cuando afirman que la disposición adicional cuarta se encuentra fuera del ordenamiento constitucional al vulnerar el artículo 132.2 de la Carta Magna.
La sentencia recalca que el trato excepcional a Formentera «carece de justificación objetiva y es irrazonable y, por ello, arbitraria, ya que no se aduce (ni siquiera en el preámbulo o exposición de motivos, como tampoco en los debates parlamentarios) razón alguna de la especial configuración geomorfológica de la isla ni es posible inferirla racionalmente del texto legal». Y añade que «la única diferencia apreciable entre las muy próximas islas de Ibiza y Formentera es la escasa extensión de esta última».
Para el tribunal, la norma anulada solo reflejaba «la mera voluntad legislativa de ampliar sin más la superficie susceptible de aprovechamientos privados, en las antípodas de la voluntad objetiva de la norma constitucional», por lo cual la disposición sobre el deslinde de Formentera constituye «una indebida dispensa singular basada en la mera voluntad de volver a definiciones de la Ley de Costas de 1969, justamente superadas por la Constitución de 1978».
En su fundamentación jurídica, el TC es contundente: «No es admisible la vía de excepción que la propia disposición confiesa emplear y que consagra un exorbitante privilegio proscrito por el artículo 132. 2 de la Constitución. La sentencia rechaza categóricamente que el precepto recurrido pudiera «reintegrar al dominio privado» unos bienes «que ilegítimamente habrían perdido su condición demanial».
Negociaciones con el PP
La introducción de esa norma referente a Formentera en la Ley de Costas fue producto de las negociaciones llevadas a cabo un año antes entre los representantes de la Plataforma de Afectados por el deslinde, el PP de Formentera y varios dirigentes y parlamentarios del PP nacional, entre ellos los ibicencos Enrique Fajarnés y José Sala, con el exministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miquel Arias Cañete, que fue finalmente el que facilitó la introducción en el texto legislativo de la excepción que afectaba a la isla.
El objetivo era buscar una solución a la pérdida de titularidad de los inmuebles (casas, apartamentos y restaurantes) de un centenar de familias afectadas por el deslinde de 1997, que sigue vigente.
En esa negociaciones, el PP de Formentera no contó con el equipo de gobierno del Consell de la isla, formado entonces por GxF y PSOE, para buscar una solución consensuada que respondiera a las demandas del centenar de familias afectadas. Este colectivo siempre se ha mostrado partidario de recuperar la propiedad de sus bienes, que pasaban a manos del Estado, y a la vez mantener la protección del litoral en los mismos términos que en 1997.
Sin embargo, este extremo tampoco se recogía en la disposición ahora anulada, ya que si bien restituía la propiedad, dejaba fuera del dominio público zonas de gran importancia ambiental para la isla, como son parte de las pasarelas, vallados de dunas y aparcamientos que, de momento, seguirán siendo públicos y que sobre todo afectaban a la zona de Migjorn y del norte de Formentera, en el Parque Natural de ses Salines, donde se devolvía prácticamente toda la zona inundada a sus propietarios.
Ese texto legislativo específico para Formentera obligaba a practicar un nuevo deslinde, cuyo trámite estaba ya muy avanzado y que reducía la zona de dominio público litoral.
El presidente del PP de Formentera, José Manuel Alcaraz, y la consellera del mismo partido Gabriela Mayans siempre han defendido la legalidad y legitimidad de una disposición que presentaron como la solución a los problemas de los afectados. Sin embargo, el Tribunal Constitucional no ha tenido el mismo criterio y ha invalidado la norma que facilitaba el nuevo deslinde.
