Gerardo Cuerva (Cepyme): "La pyme ya no puede soportar más subidas del SMI"

Defensor del libre mercado y de la libertad en la toma de decisiones de la empresa, Presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva, rechaza que se use el SMI como si fuera "una política social". Además, alerta de que "vamos abocados a ser un país no competitivo", anticipa que las pymes lo van a pasar muy mal y se confiesa preocupado por la igualdad de los españoles y la separación de poderes.

¿Qué le parece la nueva propuesta del Gobierno de subida del salario mínimo interprofesional (SMI)? ¿Cómo afecta?

El SMI no es ni debe ser una política social. Es un indicador. En el caso de España, actualmente hay 46 provincias en las que el SMI es superior al salario medio de la pyme en ese territorio. De hecho, para las pymes, el SMI ya supone el 70% del salario medio. Por lo tanto, tenemos un gravísimo problema de competitividad. Veo que este Gobierno confunde a la sociedad con que el SMI es una política social. Pero la mejor política social no es subir los salarios por real decreto, sino tener un empleo. Porque eso, ¿dónde acaba? En la intervención del sistema económico. La pyme no puede soportar ya más subidas del salario mínimo.

¿Y ese problema de competitividad también surge por subir el SMI igual en todos los sitios, sin tener en cuenta regiones, sectores…?

El salario mínimo no es el salario de Madrid o de Barcelona. En España, en los últimos cinco años, la productividad ha descendido el 3,8%. Hay países como Irlanda en los que ha subido el 25%. Sin ir tan lejos: en Portugal, con un Gobierno socialdemócrata que apuesta por la empresa y por la competitividad, la productividad ha subido en ese mismo periodo el 4,6%.

¿En qué cifra estaría bien situar el SMI?

Es que esa pregunta es perniciosa. Debe estar en función de la inflación, de la productividad, del empleo y de la coyuntura económica. Porque es un indicador. El SMI no es lo que necesita un español para vivir. Si hay lugares o territorios en los que no llega, pues que se activen políticas sociales. Si intervenimos los salarios, en realidad es una intervención del sistema económico. Y acabaríamos también con esas más de 4.500 mesas de negociación colectiva que calculan cuáles son los salarios de cada territorio y de cada sector. 

La negociación colectiva está entonces herida de muerte.

Si hablamos del diálogo social en su conjunto, este Gobierno está poniéndolo en tela de juicio. Propone cosas que no han pasado por el diálogo social. Como reducir la jornada laboral a 37,5 horas: da igual el sector, el territorio… da igual todo. ¿Por real decreto vamos a bajar las horas? No sé dónde está el diálogo social ahí. La paz social que ha dado el diálogo social es modélica en el mundo. En los años 70, se perdían 180 millones de horas por huelgas; en cambio, en 2018 no se llegó a 12 millones.

La productividad ha caído el 3,8% en cinco años. En Portugal ha subido el 4,6%

Este es un problema que refleja también tensiones dentro del propio Gobierno.

Ahora estamos con el tema del subsidio y el Sepe. Y hay un claro enfrentamiento entre una parte y otra del Gobierno. Yo estoy muy alineado con la preocupación que tiene el Ministerio de Economía de que el Sepe no funciona y que hay que arreglarlo. ¿Pero cuál es el arreglo? ¿Más subsidio? ¿Por qué no trabajamos en buscar empleo para las personas? ¿Por qué queremos meter a este país en un régimen de subsidio? 

El Gobierno ha dicho que esta va a ser la legislatura del pleno empleo efectivo...

Cuidado con caer en esas teorías que yo he escuchado a algún catedrático de que se acaba con el desempleo con más empleo público… Para el empleo lo que hay que hacer es potenciar las empresas: que haya mejores empresas, más grandes, más competitivas, más productivas. Eso traerá más empleo y mejores empleos. Ese es el camino, no el real decreto. En España es necesario que las empresas suban un escalón de tamaño. Nuestro país tiene un tamaño de empresas muy pequeño. Por debajo de la media europea. Si nosotros convergiéramos, simplemente, al tamaño medio europeo, se generarían unos 1,2 millones de nuevos puestos de trabajo, lo que significaría un incremento del 5% del PIB y más de 20.000 millones de recaudación. Tenemos detectadas 100 barreras que impiden el crecimiento de la empresa.

Todo esto también se puede trasladar a las cotizaciones sociales, que inciden directamente en el empleo.

Totalmente. Las bases mínimas de la cotizaciones sociales han subido el 50% en los últimos años, y las bases máximas, el 20%. Con esto deja de ser competitiva la empresa. El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha publicado recientemente una investigación en la que dice que los costes laborales han subido el 17%. Y la productividad está bajando… Vamos abocados a no ser un país competitivo. A tener empresas que no resistan y las expulsemos del mercado.

 ¿Con este panorama es factible que una pyme sobreviva?

Las medidas que se ponen hoy en marcha no son de inmediato efecto. Lo que tú siembras hoy lo recogerás con el paso de los años. Y el paso de los años nos dice que se golpeará más a la pequeña y mediana empresa española. No será competitiva. O se cree en la empresa o lo va a pasar muy mal.

El ala comunista del Gobierno piensa que solo la empresa pública es posible

Los expertos dicen que el 61% de los fondos europeos se destinan al sector público.

La percepción de las pymes es que no les están llegando los fondos. Solo ha recorrido la última milla el 15%.

¿Pero es un problema solo de ineficiencia de la Administración que no lleguen los fondos?

Bueno, se juntan muchas cosas. Se arrancó con un diseño muy centralizado en la Moncloa… Para la pyme, ocurren cuatro cosas: la burocracia para tener acceso al fondo es muy complicada, los plazos son muy cortos, la tipología del programa es muy específica y muchas veces la pyme no se ve identificada porque en una pyme no existe un departamento de recursos humanos, un departamento de administración, un departamento jurídico, un departamento financiero… Pero el mayor problema de todos es la cofinanciación. La empresa tenía que poner el 70% de la inversión, y Europa, el 30%. Pero la pyme y la empresa española no estaban en situación de arrancar proyectos financiando ellos el 70%. Esto lo hemos estado trabajando con el Gobierno.

Ha dicho que tienen identificadas 100 trabas que lastra el crecimiento de las empresas, ¿cuáles son las más importantes?

 Hay una muy llamativa, que incluso cita el Banco de España, que es el síndrome del empleado 50. Cuando tienes 49 trabajadores y pasas a 50, la cantidad de obligaciones nuevas que salen en ese mismo momento son exageradas. Estas obligaciones están relacionadas con la representación sindical, las medidas laborales, la facturación, las ayudas a las que ya no puedes acogerte… El Banco de España decía que cuando se llega a 49 trabajadores se crean nuevas empresas, pero ya no se sigue creciendo.

"Nos abocamos a no ser un país competitivo y a echar empresas del mercado"

¿Cómo prevé esta legislatura?

El Gobierno tiene una clara heterogeneidad ideológica. Es difícil que se puedan llegar a acuerdos a medio y largo plazo. Aprobar políticas estructurales por el bien de España para los próximos 15, 20 o 30 años lo veo muy complicado. Pero a mí lo que me preocupa es que juguemos con la base del Estado de derecho y se pueda poner en juego la diferenciación de poderes o la igualdad de los españoles. 

También está el acuerdo de promover la vuelta a Cataluña de las empresas que salieron por el procés. ¿Es factible?

Si no conseguimos darle certidumbre y estabilidad al país y a Cataluña, es difícil que la empresa vuelva. La empresa al final se va a localizar en el entorno más amigable, más cierto y más seguro para realizar su actividad.

¿Qué hay que decir más sobre el hostigamiento a la figura del empresario? ¿Se suaviza? ¿Se va a suavizar?

Como hemos estado unos meses en otro debate -la investidura, los pactos…- hemos quitado el foco de atención al empresario. Pero no debemos de olvidar que en los meses anteriores ha sido un hostigamiento con nombre y apellidos, tanto de empresas como de empresarios. Ese no es el camino si queremos progresar. 

¿Influye en la actividad la condonación de la deuda de Cataluña?

Ahí se debe partir de la igualdad de los españoles residan donde residan. Si ponemos en riesgo ese principio básico que nos dimos en la Constitución de 1978, al igual que la separación de poderes, entraremos en un sistema complicado e inestable. Más allá de eso está el endeudamiento. Lo que no vale es «vale, yo te perdono»... ¿Y quién lo paga? Alguien lo pagará, ¿no? Si ponemos en riesgo la igualdad y la situación de endeudamiento es tan elevada, no sé cómo saldrán las cuentas. ¿Esto es café para todos? ¿Nos lo podemos permitir? 

¿Hay algún organismo público o privado que ya esté desaconsejando invertir en España?

Dicen que algunos fondos de inversión están catalogando de ininvertible a España. La marca España puede verse deteriorada. Pero lo más lamentable de todo es que se queden inversiones en el cajón. Yo conozco algún caso en el que la inversión se puede quedar en el cajón puesto que la regla de juego cambia diariamente. 

Hay un cierto debate sobre si el Estado debe estar más presente en el capital de las empresas, a raíz del caso Telefónica.

Creo en la libre competencia, creo en el libre mercado, creo en la libertad empresarial y creo en la actividad privada como eje del progreso. Probablemente, este Gobierno quiera, con ese intervencionismo, cambiar el sistema. A mí me preocupa que una parte en el Gobierno, y más habiendo una parte socialdemócrata y otra comunista, pueda llegar a pensar que solo la empresa pública es posible para el progreso. Yo no creo en eso. Creo que la actividad pública es compatible con la privada. La empresa debe generar recursos suficientes, que al final son los que hacen posible el Estado del bienestar. 

Viene también un nuevo reglamento europeo para acortar plazos de pagos.

La morosidad es un gravísimo problema que tiene España. Las pymes tienen un problema muy serio porque invierten 2.400 millones de euros para financiar la deuda comercial. Ese dinero no lo podemos dedicar ni a innovación, ni a digitalización, ni a mejorar salarios… El periodo medio de pago sigue incrementándose. En la actualidad ya supera los 82 días… Y hay una clara tarea ahí.