Un informe del despacho de abogados Pérez Llorca concluye que el cambio legal que, a propuesta de Podemos y con el apoyo de PSOE y Més, tramita el Parlament para limitar el crecimiento de los terrenos del Grupo Empresas Matutes en Platja d'en Bossa no sólo es «inconstitucional» sino que debería ir acompañado de la correspondiente «indemnización patrimonial» para «resarcir el daño a los propietarios». La cuantía de dicha indemnización «se corresponderá con la frustración económica que representa este nuevo e inesperado cambio normativo».
El Grupo Empresas Matutes ha encargado a Pérez Llorca este informe, firmado por Juan Manuel Rodríguez Cárcamo, abogado del Estado en excedencia, sobre la enmienda de Podemos a la modificación de la ley 5/2015 de simplificación reglamentaria de la Comunitat Autònoma y que tiene por objeto incorporar un punto a la disposición transitoria 14 de la ley balear de Urbanismo, aprobada en diciembre para legalizar terrenos en Platja d'en Bossa y Cala Tarida, al objeto de impedir que se pueda aumentar su aprovechamiento urbanístico y los cambios de uso.
La comisión de asuntos institucionales dio ayer el visto bueno a las enmiendas incorporadas a la ley 5/2015, que se ha convertido en un cajón de sastre para cambiar todo tipo de cuestiones urbanísticas, como en este caso, turísticas y de transporte (ver página 11). Superado este trámite, la ley se elevará al pleno para su aprobación.
El informe jurídico se basa en parte en la nota de prensa que remitió Podemos para informar de la aprobación de la enmienda en ponencia y en la que se identificaba a Matutes como «destinatario» del cambio legislativo. Además, recalca que dicho comunicado contiene aseveraciones «ofensivas para esta persona» y que son «manifiestamente falsas y contrarias a la realidad de los terrenos».
Ni la disposición transitoria 14 ni la enmienda de Podemos identifica terrenos concretos ni a sus propietarios (establece las condiciones, a medida para el caso de Platja d'en Bossa y Cala Tarida, que han de tener los terrenos para acogerse a la ley), pero sí el comunicado de los podemistas. Durante el debate parlamentario de la ley de Urbanismo, los grupos parlamentarios también hicieron referencias directamente a Matutes.
«Matutes no puede lucrarse aún más con esta legalización? No podemos permitir que siga la capacidad de estos terrenos de crear beneficios ilícitos para Matutes», decía la nota de Podemos, lo que evidencia, según el letrado que ha elaborado el informe, que, así, el cambio normativo tiene por objeto «intentar obstaculizar o impedir la actividad de una persona en concreto, Abel Matutes».
Cambio sin justificar
A criterio del abogado, el Parlament balear «no debe aprobar una proposición de ley cuyo objeto es obstaculizar o impedir la actividad de una persona en concreto a la cual además se difama».
El informe resalta que la doctrina del Tribunal Constitucional determina que la regulación de «una situación jurídica individual» compromete, a priori, «la noción del principio de igualdad». «Así, es claro que el excepcional ejercicio legislativo frente a personas o situaciones concretas debe estar respaldado de forma inexcusable por 'una extraordinaria trascendencia y complejidad'», señala. Sin embargo, en este caso, se pretende «impedir la actividad de una persona con nombre y apellidos e imponer un límite a unos terrenos sin una justificación objetiva, lo cual convierte dicha propuesta en arbitraria e infundada», agrega.
