La Plataforma Salvemos el Hospital Residencia Asistida de Cas Serres, formada por trabajadores, residentes y familiares, exige al Consell de Ibiza y al Govern que blinden y mejoren el servicio que ofrecen.
El colectivo se queja a través de un comunicado de la actitud de la consellera balear de Salud, Patricia Gómez, porque no tiene en cuenta la idiosincrasia de las islas, la falta de infraestructuras y la carencia de servicios que suple Cas Serres como unidad hospitalaria para paliativos y centro de internamiento psiquiátrico. «Su postura insulta nuestra inteligencia», lamenta la plataforma, que añade que Gómez no tiene en cuenta que con la atención que brindan a usuarios de la residencia descargan los servicios de urgencias y consultas médicos, además de evitar que sus pacientes crónicos y sus familiares vivan las consecuencias de horas en urgencias y días ingresados en un hospital de agudos. «Llevamos muchos años asumiendo y haciéndonos cargo de lo que no puede o quiere asumir nadie», destaca el colectivo.
Además, señalan que cuando la iniciativa es del Govern no tiene ningún problema con la interpretación de los decretos, ya que tienen previsto en el edificio del antiguo Can Misses una planta de crónicos, una residencia para familiares de Formentera, una residencia para trabajadores sanitarios, los despachos de asociaciones, sindicatos y centro de salud.
Asimismo, critican que para el Govern «sólo se merecen la inversión y una atención de calidad los residentes de Palma de Mallorca, ya que tienen previsto abrir un Hospital sociosanitario en Son Dureta por un valor de 55 millones de euros.
La plataforma también reprocha la gestión del Consell, sobre todo tras conocer el dinero ahorrado el año pasado en contratación de personal en Cas Serres, lo que ha supuesto mantener una plantilla «bajo mínimos» y no cubrir puestos vacantes. Según el colectivo, el pasado mes de octubre les comunicaron que no podían pedirse los días que se les debía por exceso de horas o por doblar turnos porque «no había dinero pese a haber una cantidad de 170.000 euros» de remanente.
A continuación, critican las instalaciones del edificio porque tiene «humedades, techos abiertos desde hace meses, hay carencia de camas eléctricas, el mobiliario es viejo y los jardines están abandonados».
Por todo esto, piden al Consell y al Govern que «reconsideren su postura y que demuestren «con hechos y no sólo con palabras» que son partidos de izquierdas.
