La cantera proyectada en la finca de s'Espartar, en el municipio de Sant Antoni y a poca distancia de la de Cas Capità, figura como «activa» en el vigente Registro Minero de Balears, junto con once explotaciones más. De todas ellas, sólo seis aparecen como «activas» y una de ellas es la de s'Espartar.

Se da la circunstancia de que esta explotación no existe como tal (sobre el terreno solo hay un antigua excavación abandonada y de pequeño tamaño). Sin embargo, es ahí donde una empresa quiere abrir una explotación minera y para ello ha tramitado la correspondiente solicitud ante la Comisión Balear de Medio Ambiente. Se trata de un paraje catalogado como Área Natural de Especial Interés (ANEI) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).

La dirección general de Política Industrial del Govern explicó a este diario que la cantera de s'Espartar «siempre ha existido». «Lo que se pretende es regularizar su situación. Está registrada y tiene explotación, mínima, pero la tiene», señaló.

Este organismo explicó también que se han presentado 400 alegaciones a la tramitación del informe de impacto ambiental de la promotora, y ahora se está en fase de estudio de estos escritos.

Todas las instituciones ibicencas afectadas por este proyecto han presentado escritos rechazando esta explotación y negando que exista como tal. También los ecologistas del GEN señalaron su malestar por el hecho de que s'Espartar aparezca en el registro minero, cuando ni siquiera aparecía previamente en el Plan de Canteras, «puesto que no existe».

En estas alegaciones de los ecologistas, se señalaba: «Incomprensiblemente, pese a que esta supuesta explotación no aparece en el Plan de Canteras (norma que recoge todas las canteras existentes, tanto activas como inactivas), de forma repentina e incomprensible aparece en el registro de actividades extractivas, después de la aprobación de la ley 10/2014 de Minas de Balears, sin que se haya seguido ningún trámite conocido para figurar en dicho listado».

Tanto la dirección general de Política Industrial como la Comisión Balear de Medio Ambiente deberán dictaminar el futuro de este proyecto.