El Govern quiere permitir montar guarderías en casas particulares, una situación que se ha detectado que se está produciendo en las islas de forma puntual y sin control; una opción que en otros países existe y está regulado (las llamadas 'mamás de día') y que ahora el Ejecutivo autónomo quiere autorizar bajo unas garantías de seguridad y funcionamiento.

Así figura en un borrador de trabajo con el que la Administración quiere delimitar y establecer unos requisitos y unos controles para los centros (y también hogares) en los que se están atendiendo a niños pequeños.

Esta norma quiere regular lo que se ha definido como red asistencial, las guarderías, que hasta ahora podían estar en funcionamiento si obtenían una licencia de actividad de ayuntamiento y no eran inspeccionadas ni controladas por ninguna administración.

El argumento de la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, es que aunque el Govern potencie y apueste por la red educativa, la asistencial existe y nadie la controla y que incluso es posible montar una guardería en un garaje: «Hay más controles para montar un bar que una guardería, no sabemos en qué condiciones tienen a los niños, hay que poner unos límites».

Las condiciones mínimas

Este decreto llega diez años después de que el anterior Pacte de Progrés ya tratara de establecer unas condiciones mínimas para las escoletes, objetivo que logró a medias.

La norma que aprobó la conselleria de Educación en 2008 contó con una fuerte oposición entre las patronales: se argumentaba que las condiciones que se les pedían eran demasiado estrictas y difíciles de cumplir.

Pimem Guarderías y Escola Catòlica impugnaron la norma y en 2010 el TSJB dictó una sentencia que reconocía la existencia de dos redes diferenciadas de centros que atienen a niños a partir de cero años: la red educativa, conformada por los Centros de Educación Infantil (CEI) y las Escoletes d'Infantil (EI, las públicas), que sí cumplen una labor educativa y por tanto sí deben cumplir los requisitos fijados por Educación; y la red asistenciales, las guarderías en su concepción original (de guardar), que como tales quedaban exentos de cumplir las condiciones exigidas en la orden de Educación.

En 2012, y a raíz de un recurso presentado desde Madrid, el Tribunal Supremo sentó jurisprudencia al sentenciar que en la etapa 0-6 (cuando la escolarización no es obligatoria) puede existir una red asistencial.

¿Cuántos centros de cada tipo hay en Balears? De la llamada red asistencial no se sabe porque no hay ningún organismo que los controle ni los tenga registrados, aunque fuentes del sector estiman que pueden ser unos 150. Centros privados de Educación Infantil hay casi cien en Balears (85 en Mallorca) y escoletes públicas hay 103 (71 en Mallorca).

Competencia desleal

Algunos CEI (tienen una placa distintiva de la conselleria de Educación) protestaron por «competencia desleal» ya que mientras ellos eran inspeccionados y cumplían con todas esas exigencias (lo que se traducía en una matrícula superior que en otros centros), las guarderías no cumplían con esos mínimos y muchas veces se anunciaban como centros educativos.

Ahora la normativa que prepara Asuntos Sociales se enfoca en centros asistenciales, «de custodia», que desde la sentencia de 2010 estaba sin regular.

Fijará requisitos en cuanto a espacios; aforo máximo; titulación del personal; horario o tiempo máximo que puede permanecer un niño en el centro cada día (diez horas, según figura en este documento), entre otros aspectos. Será más laxa que la norma por la que se rigen los CEI.

Las exigencias

En el caso de las guarderías en hogares, Asuntos Sociales baraja exigirles cédula de habitabilidad; protección contra incendios; seguro de responsabilidad civil, daños a terceros y accidentes; determinadas titulaciones a los cuidadores; así como requisitos de espacio (como un mínimo de tres metros cuadrados por niño) y ratios máximas de niños a cargo (cuatro menores por educador, o excepcionalmente cinco).

Santiago señala en cualquier caso que el borrador y los detalles de regulación serán ahora tratados y debatidos con los profesionales y las patronales.