«Aquí no se va a derribar absolutamente nada; todo es legal», afirmó ayer el dueño del 'chalé patera' de Sant Antoni, Agustín Sales, en relación con las nuevas denuncias presentadas contra este establecimiento, que en verano aloja a un centenar de personas sin disponer de los permisos necesarios. El equipo de gobierno tiene previsto dictar orden de demolición de prácticamente toda la construcción dentro de un mes.
Sales, al ser preguntado por este diario, afirmó que las obras que está llevando a cabo son legales y consisten en «reformas», como «levantar algún suelo, ampliar pasillos para que se ajusten a la normativa y, en general, trabajos de mantenimiento».
El propietario del 'chalé patera' justificó su negativa a abrir la puerta a la Policía Local y a los celadores municipales de obras, anteayer, diciendo que «cada vez que viene alguien del Ayuntamiento es para complicarlo todo».
Según el presunto infractor, «todo tiene permiso». «Lo único que quizá no podría defender mucho es un porche de chapa que hay, pero el resto está todo perfecto», añadió. Según sus propias explicaciones, inició la obra con 200 metros cuadrados «sin permisos», pero los otros 500 que asegura que tiene la construcción sí tendrían licencia. En relación con la parte que según él mismo es ilegal, Sales justifica: «Se hizo hace 14 años y ha prescrito».Habitaciones de dos metros
Habitaciones de dos metrosTambién admitió que sigue teniendo gente alquilada («ahora son unos diez o doce», indicó) y que tiene la intención de continuar con esta actividad de alojamiento. «No pienso parar, porque lo tengo todo como Dios manda», aseguró. Esta frase contrasta con el testimonio recogido por este diario de boca de una inquilina, que aseguró haber dormido hace pocos días «en una habitación de dos metros por dos metros en la que no podía ni estirar los dos brazos, porque uno salía por la ventana».
En opinión del propietario, «casas como esta hacen mucha falta en Ibiza».
Demolición
DemoliciónEl Ayuntamiento, por su parte, ha concluido que la construcción es ilegal e ilegalizable, por lo que en pocas semanas ordenará su demolición, que si no ejecuta el propietario podrá ser materializada por el propio Consistorio, cargando los costes al dueño.
Mientras tanto, el Consell de Ibiza tramita otro expediente sancionador, que terminará multando al dueño por una infracción grave, ya que cuado los celadores de Turismo fueron a efectuar la correspondiente inspección, Sales les denegó también la entrada. Impedir el acceso a la autoridad está tipificado como falta grave, según la vigente Ley de Turismo, recordaron fuentes del Consell.
Actualmente, esta denuncia, que es por obstrucción, se encuentra en fase de alegaciones. Después de este periodo, los técnicos de la institución propondrán la sanción que prevé la ley para estos supuestos.
El valor de esta casa, ubicada en la avenida General Gotarredona de Sant Antoni, asciende a un millón de euros, y será a partir de esta cantidad que se impondrán las correspondientes sanciones al propietario, según informó el Ayuntamiento el día anterior.
En todo caso, la actitud que muestra el dueño parece augurar un largo pleito hasta que se adopte una medida definitiva. Por el momento, ni el Ayuntamiento ni el Consell parecen haberse planteado adoptar medidas cautelares (es decir, inmediatas, aunque provisionales) para asegurar que no continúen cometiéndose las ilegalidades que se han apreciado o que siga poniéndose en riesgo la seguridad o los derechos de los inquilinos.
El dueño de la casa y sus abogados están convencidos de que no tendrán que cumplir con las órdenes que les dictan las instituciones y parecen dispuestos a agotar las vías legales que tienen a su alcance.
