La patronal Aptur, que agrupa a numerosos propietarios de pisos turísticos de Balears, criticó ayer duramente al PP y al Gobierno central por haberles «abandonado» y haber preferido defender a los hoteleros, que siempre se han opuesto a este tipo de alojamiento.
En un comunicado, Aptur constata que, «una vez terminado el plazo para presentar recurso por parte del Estado español» a la ley turística aprobada por el Govern, la Administración central no lo ha hecho, «pese a varias peticiones por parte de Aptur».
Esta patronal añade que «el PP, debido a las presiones de los hoteleros en Balears y en Madrid, y gracias a la excelente relación de los hoteleros mallorquines y sus constantes reuniones con el ministro de Energía y Turismo, ha decidido abandonar a los propietarios que quieren hacer alquiler vacacional».
Aptur considera que, a partir de ahora, la situación es la siguiente: «Nos encontramos ante un Govern balear que prometía regular, y finalmente prohíbe, y un Gobierno español que ha hecho dejadez de funciones por pura estrategia política y fidelidad al sector hotelero, desatendiendo las demandas ciudadanas de una regulación justa del alquiler turístico».
La patronal del sector recuerda que el propio Ministerio de Economía del Gobierno central emitió un informe donde se especificaba la necesidad de cuestionar varios apartados de la nueva ley autonómica, como los alusivos a los límites de comercialización de estancias turísticas en viviendas, la exigencia de declaración responsable o la facultad de los consells insulares de fijar las zonas en las que puede llevarse a cabo esta actividad.
Ahora, Aptur «se concentrará en la lucha en Bruselas», añade la nota, que afirma que, a través de otras patronales, «presentará una ampliación de la denuncia de la Ley Turística ante la secretaría general de la Comisión Europea, porque contradice las directivas europeas de libre competencia».
La citada asociación empresarial explica que «siempre ha estado a favor de una regulación del sector, pero en ningún caso considera que la nueva modificación sea una regulación, sino una prohibición de facto de la actividad».
