El pleno del Consell acordó ayer, con la abstención del PP, dar a la concesionaria del vertedero de Ca na Putxa, la unión temporal de empresas (UTE) Giref, un plazo máximo de 60 días para que presente el proyecto de planta de triaje de residuos sólidos urbanos y de tratamiento de materia orgánica. Para «salir del cul-de-sac» jurídico -en palabras del conseller ibicenco de Medio Ambiente, Miguel Vericad- en que se encontraba la institución respecto a esta instalación, el pleno declaró asimismo la caducidad del expediente administrativo incoado en abril de 2016 y «volver al contrato original de 2003» de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos.
Un dictamen del Consell Consultiu de Balears dado a conocer a principios de año consideraba ilegal el acuerdo alcanzando en 2007, al margen de cualquier procedimiento, entre el Consell ibicenco (entonces gobernado por el PP) y la UTE Giref para cambiar el contenido del contrato asignado para desarrollar el Plan de Residuos. Este regreso forzado a los orígenes tendrá un coste, que Vericad cifró en unos 21 millones de euros, pero que puede acabar en unos 30 millones si la empresa reclama en los tribunales, tal como temen en el Consell.
Sólo el 30% ejecutado
Durante el pleno, Gonzalo Juan Ferragut, responsable del departamento de Economía y Hacienda, dio cuenta de la liquidación del presupuesto de este año a 30 de septiembre. Para Mariano Juan, conseller del PP, «refleja la falta de gestión por parte del equipo de gobierno», dado que, pese a que ya ha transcurrido el 75% del ejercicio, «sólo se ha ejecutado el 30%». Y ese 30% corresponde al gasto de personal y corriente de la institución: «El resto, la inversión, está paralizado», indicó Mariano Juan.
El conseller de Hacienda replicó con la justificación que se suele usar en esos casos, de libro, un clásico: admitió esa situación, pero recordó que las administraciones suelen acelerar sus principales inversiones en la recta final del ejercicio. «Los últimos años, el 10% del presupuesto se gastó durante los dos últimos días», señaló Gonzalo Juan.
En un pleno donde la farragosa burocracia (adscripción del Recinto Ferial a la entidad mercantil Fecoev, modificación del reglamento de la comisión de ordenación turística, disolución del consorcio para la reconversión territorial y paisajística, por carecer de actividad...) fue la protagonista, el hipódromo, ese saco sin fondo, volvió a recibir la enésima inyección millonaria, en esta ocasión más de un millón de euros para obras de reforma del edificio. Y eso que es un simple «lavado de cara», como la vicepresidenta segunda, Marta Díaz, calificó ese gasto.
