El juicio por el naufragio del 'Don Pedro' ha quedado pendiente de la declaración como testigo de quien era primer oficial del barco cuando se produjo el hundimiento, el 11 de julio de 2007. M.A.C.G. está citado para el próximo 17 de octubre. Una vez que se escuche su versión de lo ocurrido, los abogados de las diez acusaciones particulares presentarán sus conclusiones ante la jueza del Juzgado de lo Penal número 1 de Ibiza, Clara Ramírez de Arellano, a no ser que, previamente, las partes alcancen un acuerdo de conformidad. Ayer, en la cuarta jornada del juicio, declararon algunos de los afectados por el hundimiento del 'Don Pedro' y varios peritos contratados por las partes.

Las diez acusaciones particulares -en un principio eran once, pero finalmente el Ayuntamiento de Santa Eulària se retiró- representan a 25 empresas, desde hoteles a compañías de transportes propietarias de los camiones que transportaba el buque y que se hundieron con él, y al Govern balear. En total, las empresas reclaman 2,2 millones de euros.

Ayer, representantes de las empresas Jet Sky, Transportes Sáez, Creuers de Platja d'en Bossa y Water Contact, entre otros, explicaron ante la jueza las pérdidas que sufrieron tanto por el hundimiento en sí como por el consiguiente cierre de las playas de Talamanca y ses Figueretes. La declaración del primer oficial será crucial para determinar la responsabilidad en los hechos que desembocaron en el hundimiento. En la vista oral, que empezó el lunes, los dos únicos acusados, que son el capitán, J.M.G.D., y el segundo oficial, J.S.O.F., se acusaron mutuamente de ser los responsables del «error humano» que provocó el hundimiento tras chocar contra es Dau Gros. El ministerio público solicita el sobreseimiento provisional de la causa contra los dos acusados. Considera que el accidente se debió a «un fallo humano» que pudo obedecer a varios factores y que «no hay constancia de que aparecieran peces o aves muertas o con efectos de contaminación, ni de que las praderas de posidonia se vieran afectadas».

Las acusaciones reclaman por daños a la aseguradora Britannia, como responsable civil directa, y a Lerma Siorel, dueña del barco, como responsable civil subsidiara.