El Ayuntamiento de Ibiza ya tiene redactada la ordenanza que regulará la obligatoriedad de someter a inspección los edificios construidos antes de 1961 y desde el Consistorio esperan llevarla a uno de los dos próximos plenos municipales, para poder aprobarla este verano.

Esta regulación municipal llega con años de retraso, después de que un Real Decreto fijara las condiciones técnicas de estas inspecciones en 2011 (por ello la obligación de que se revise el estado de los inmuebles que entonces tenían más de 50 años en todas las ciudades de más de 25.000 habitantes). La ordenanza municipal está «redactada, pendiente de una modificación» debido a una ley estatal modificada en los últimos meses. Por ello, desde el Consistorio dan por hecho que se podrá someter a votación plenaria «probablemente en junio o julio».

Este es uno de los trabajos de los que se ha ocupado la nueva arquitecta incorporada este año al equipo de Urbanismo de Vila. También se le ha encargado la elaboración de un listado de edificios y planificar el trabajo de inspección, que por el momento se centrará en sa Penya y la Marina, donde «existen unos 500 edificios» con más de medio siglo de antigüedad. En una segunda fase, se someterán a revisión también los edificios de Dalt Vila, aunque estos presentan «un mejor estado de conservación en general», informó el Ayuntamiento.

La técnica se ocupará de la aplicación informática que ha implantado el Ayuntamiento también en fecha reciente para hacer compatible la gestión de los expedientes urbanísticos y el resto del sistema municipal. Esta herramienta también permite elaborar informes «estandarizados» a través de una aplicación del Ministerio de Fomento, aunque los técnicos de la casa «han de verificar el cumplimiento y supervisión de las obras que se hagan para emitir un informe favorable o no».

Estas inspecciones, que pasan a denominarse Informes de Evaluación de Edificios (IEE) en la nueva nomenclatura legal, permitirán obtener un certificado con una validez de diez años que verificará la accesibilidad, la eficiencia energética y, sobre todo, la seguridad, salubridad y estética del inmueble. En estos tres últimos aspectos, las determinaciones de los técnicos serán «de obligado cumplimiento».

Con todo, Vila cumple el real decreto con seis años de retraso, que corresponden a la agitada legislatura pasada, con la traca final de la anulación del Plan General de Vila por una sentencia judicial, y los dos primeros años del actual mandato, en los que la prioridad ha sido aprobar un nuevo avance del PGOU. Por ello y por las dificultades para contratar más personal, se ha acabado aplazando un asunto en el que Vila fue pionera.

De hecho, en 2002 el Consorcio Eivissa Patrimonio inspeccionó 186 edificios en los barrios históricos y detectó más de 80 inmuebles en estado ruinoso. Desde entonces, ha habido varios anuncios sobre la puesta en marcha de este tipo de campañas. Incluso se llegó a un acuerdo con el Colegio de Aparejadores para llevar a cabo estas revisiones, que Vila se planteaba recuperar ahora que se espera contar ya con la esperada ordenanza.