La falta de viviendas en la isla ha forzado a que muchos se escapen al monte, en su sentido más literal, para vivir en campamentos cada vez más numerosos y de mayor tamaño. La situación genera un grave riesgo en los municipios con mayor superficie forestal, porque se hacen fuegos y se usa el monte como si fuera el salón comedor de su casa, sin ningún control. Conscientes de la situación, en Santa Eulària se han decidido a aprobar una ordenanza que les permita desmantelar más rápido los asentamientos y sancionar más rápidamente a los infractores.

La concejala de Turismo, Carmen Ferrer, explica que hasta ahora se actuaba amparados en la ley balear que prohíbe la acampada libre, pero al disponer de su propia ordenanza Santa Eulària podrá instruir todo el procedimiento, desde la denuncia a la sanción. «Hasta ahora levantábamos los campamentos y ya estaba», resume Ferrer, porque la tramitación de la eventual denuncia correspondía a la Administración autonómica.

Ferrer justifica este paso más, que aún está en trámite -la nueva ordenanza se halla actualmente en exposición pública-, en «el aumento» de los asentamientos ilegales que han detectado en el municipio «en los dos últimos años». Esto ha hecho que el Consistorio se decida a tomar cartas en el asunto para poder actuar con mayor contundencia, sobre todo porque establece las sanciones que podrá imponer a los infractores.

Así que quien acampe en el municipio se enfrenta a una multa mínima de 300 euros -por persona-. Pero si el comportamiento es reiterado esta cuantía puede elevarse hasta los 600 euros. No sólo eso, si ya en la primera infracción se detecta que en el asentamiento se han dado prácticas prohibidas, como hacer fuego, la cuantía puede ser la máxima prevista en la ordenanza, con lo que cada implicado se enfrentará a una sanción de 600 euros.

La concejala indica que «el interés no es sancionar, sino concretar cuál puede ser la actuación de la Policía Local y darle fuerza». Señala que también el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil actúa para desmantelar las acampadas que detecta en zona forestal y la ordenanza detalla cómo pueden intervenir los agentes locales.

Ferrer comenta que se han basado en las ordenanzas aprobadas por otros municipios de Balears. «Nosotros hasta ahora no nos habíamos visto en la necesidad de disponer de normativa propia», argumenta. Y es que en el municipio se han detectado ya «asentamientos importantes» cuyo desmantelamiento ha requerido «la coordinación de diversas administraciones». Por ejemplo, se ha llegado a actuar contra acampadas ilegales en el litoral «que han obligado a pedir autorización a Costas».

Un peligro con antecedentes

Ferrer señala que esta actividad «pone en grave riesgo a las personas y también al medio ambiente», con antecedentes como el incendio que se inició en 2010 por una negligencia en una cueva habitada ilegalmente en Benirràs, en el que ardieron 400 hectáreas.

La concejala admite que se les ha echado el calendario encima y «puede que no dé tiempo a aprobar la ordenanza definitivamente» para empezar a aplicarla este verano si se presentan alegaciones.

Mientras completa su trámite la ordenanza, la Policía Local sigue levantando acta de las acampadas que detecta para que las instruya el Govern. Como ocurre ahora, cuando se tenga la nueva norma municipal, la Policía Local instará a los acampados a desalojar y retirar sus enseres de la zona. Se procederá a su denuncia «cuando se nieguen a obedecer», porque el primer objetivo es impedir este comportamiento «de riesgo», señala Ferrer.