El Consell de Govern aprobó ayer el decreto que declara la situación de sequía extraordinaria en Ibiza, con lo que se ponen en marcha las medidas «urgentes y extraordinarias» para tratar de frenar la sobreexplotación del agua y propiciar la recuperación de los acuíferos. Estas restricciones estarán en vigor «hasta que se haya superado la situación», lo que sucederá «cuando el índice publicado en el Portal del Agua presente valores de situación estable [de los recursos hídricos] durante tres meses consecutivos».

Entre otras medidas, que ayer presentó el conseller balear de Medio Ambiente, Vicenç Vidal, junto a la consellera de Presidencia, la ibicenca Pilar Costa, el Ejecutivo prohibe nuevas captaciones en sa Serra Grossa, Cala Llonga y Roca Llisa, que se consideran «sobreexplotadas», según el balance hidrológico. Solo se excluyen de esta prohibición los aprovechamientos «para el suministro a la población», la geotermia o la reordenación de caudales «sin aumento de volumen», el mantenimiento y saneamiento de pozos y depósitos contra incendios.

De forma general, se obliga a reducir un 15% el volumen de extracciones de agua de pozo, un 10% para el uso agrícola. De nuevo, la limitación no se aplicará a los casos de suministro a poblaciones, o las captaciones ligadas a la lucha contra incendios y la geotermia, según explicó Vidal.

El decreto busca controlar al máximo posible la disposición y el uso de agua para recuperar las masas. Además, lleva a adoptar las medidas administrativas necesarias para corregir esta situación con la limitación y restricción de los aprovechamientos de forma «equitativa y solidaria» entre los sectores afectados, detalla.

Esta norma también recoge la suspensión de la tramitación y del otorgamiento de nuevas autorizaciones y concesiones de uso y la obligatoriedad de los suministradores (incluidos los de venta de agua en camiones) de utilizar agua desalada de octubre a abril.

Los ayuntamientos estarán obligados a hacer estudios de detección de escapes y presentarlos a la Administración hidráulica en un plazo máximo de 45 días desde la entrada en vigor del decreto, y a llevar a cabo un plan de actuación que tiene que validar la Dirección General de Recursos Hídricos en dos meses en caso de que los escapes sean superiores al 25%. Estos planes deberán reflejar los objetivos de reducción de fugas y el plazo para lograrlos con medidas de seguimiento del plan.