­La propiedad del Harbour Club Ibiza de Talamanca, parte de cuyas instalaciones fueron precintadas el martes por carecer de licencia municipal, ha pedido al Ayuntamiento de Ibiza que anule la orden de paralizar cautelarmente toda actividad en la zona afectada o que suspenda la misma hasta que se dicte resolución judicial sobre su legalidad, alegando los «daños y perjuicios de difícil o imposible reparación que se ocasionarían a la empresa» y las «consecuencias lesivas» que tendría para terceros, ya que «conllevará el cierre inmediato» y el despido de los trabajadores, además de afectar a contratos suscritos con terceros. El Ayuntamiento sostiene que el establecimiento ha ampliado sus instalaciones sin autorización y optó por precintar la parte ampliada después de comprobar que el local había incumplido la orden de dejar de usarlas.

En su recurso de reposición, la empresa invoca los principios de buena fe y confianza legítima para que se tenga en cuenta que han sido la propia «inactividad de la Administración» y la «especial situación» de los terrenos las que «impiden cualquier actuación de legalización e incluso de obtención de la mínima licencia». Parte de las instalaciones del Harbour Club están situadas en suelo rústico de especial interés, afectado por el Plan Especial de ses Feixes, «pendiente ad aeternum de desarrollar, actualmente en el Consell». Por ello la empresa solicitó directamente a la Demarcación de Costas una autorización de ocupación temporal del dominio público, que le fue concedida para 200 hamacas, 150 mesas bajas, 100 sombrillas, 50 camas balinesas, 10 pérgolas desmontables, 20 piraguas, 10 hobbie cat, 5 catamaranes, 15 tdv y 25 paddle surf; de todo ello sólo se han instalado las hamacas, aunque menos de las autorizadas, según explica.

El recurso señala también que el restaurante está inscrito en el registro municipal de Ibiza y por tanto «sólo se cuestiona si toda la actividad exterior al perímetro de la licencia existente debe requerir un nuevo título habilitante» o permiso municipal. Añade además que la orden de precinto no ha tenido en cuenta «la desinstalación de la barra exterior, dejada sin uso, de igual manera que las mesas y sillas del exterior, así como el resto de infracciones» reflejadas en el acta de inspección.

A juicio del Harbour Club Ibiza, el precinto de sus instalaciones ha vulnerado la normativa vigente, ya que las supuestas modificaciones efectuadas en el local no exceden «manifiestamente» los límites de lo autorizado y antes de dictar la resolución no se abrió ningún trámite de audiencia para poder efectuar alegaciones, lo cual les ha producido indefensión.