A finales de noviembre, durante la semana europea de prevención de residuos, el conseller insular de Medio Ambiente, Miguel Vericad, aseguró que no descartaba, en el caso de que las acciones de educación ambiental no fueran suficientes, la posibilidad de plantear a los ayuntamientos de la isla la necesidad de que adopten medidas impositivas y coercitivas» mediante «inspecciones» contra aquellos ciudadanos que no reciclen los residuos que lanzan a la basura.
Vericad asegura ahora que no se esperará más y que «en un próximo Consell de Alcaldes» se abordará esta cuestión. El conseller considera «necesario» que los ayuntamientos, que son los que ostentan esta competencia, den un paso más, y al margen de la instalación de contenedores de recogida selectiva y las campañas de concienciación, «implementen algunas medidas coercitivas mediante premio o castigo».
Para el conseller «no es inadmisible» la «baja tasa» de lo que se recicla en los hogares y empresas de la isla. Los ciudadanos y visitantes de la isla recuperaron en 2015 solo el 12,6% de lo que se lanzó al cubo de la basura, prácticamente el mismo porcentaje del año anterior, y muy lejos del 50% que la Unión Europea exigirá a partir del año 2020.
En concreto, el año pasado se recuperaron 16.041 toneladas de papel, cartón, envases ligeros y vidrio, un 7,6% más que en 2014, pero hay que tener en cuenta que también aumentó en un 8,6% la cantidad de residuos en masa enterrados en el vertedero de Ca na Putxa (110.885 toneladas en total), según los datos del Consell de Ibiza.
Vericad destaca que es fundamental aumentar la tasa de reciclaje en la isla para alargar la vida útil del vertedero. En las condiciones actuales, según el conseller, en «unos años» Ca na Putxa estará «completamente colmatado», y la apertura de otro vertedero, advierte, es «inviable» .
Del mismo modo, el coste que supondría para los ciudadanos el traslado de los residuos a Mallorca o la Península sería «inasumible».
También apunta la posibilidad de que, llegado el caso, se pueda ampliar la capacidad del vertedero mediante obras de «ingeniería estructural», algo que, resalta, «en su momento habrá que evaluar». «La legislación europea obliga a reducir cada vez más la entrada de residuos en los vertederos», insiste, al tiempo que señala que «se va a intentar poner todos los mecanismos» para que se cumpla el objetivo que marca la UE de que en un plazo de cuatro años (en 2020) en Ca na Putxa solo entre el 50% de los residuos que se generan en la isla. No obstante, también reconoce que España lleva «mucho retraso tanto en la implementación de las leyes europeas como en la concienciación social».
Retraso de la planta de triaje
Mientras en los hogares y en las empresas de la isla no se hacen, en general, los deberes, la Administración, en este caso el Consell, tampoco cumple con su obligación. El Plan Director Sectorial de Residuos establece que desde hace años debería estar funcionando una planta de triaje en el vertedero, lo que permitiría reducir en un 40%, según los cálculos de los técnicos, la cantidad de residuos que se entierran en el vertedero.
Durante la semana europea de prevención de residuos, a finales de noviembre, Vericad explicó que en el plazo de un mes se iba a elevar a pleno de nuevo la aprobación inicial de la modificación del proyecto de construcción de la planta de triaje (el cambio del sistema de biometanización por el de compostaje) acordado en 2010. El anterior gobierno del PP ya lo había aprobado un año antes, pero su tramitación se alargó más de lo previsto y el Consell Consultiu emitió un informe en el que declaró su «caducidad», lo que obligó a empezar el proceso de nuevo.
Vericad reconoce que este trámite se está retrasando, puesto que confiaba en que «a principios de año» se podría haber llevado al pleno.
Atribuye esta demora a «los problemas de personal» que afectan a la institución, aunque prevé que «en un plazo de tiempo relativamente breve» comience «el procedimiento de contratación de las obras», con una inversión de algo más de 35 millones de euros. Hay que tener en cuenta, no obstante, que tras la aprobación del proyecto por el pleno, se abrirá un periodo de alegaciones, en el cual la concesionaria de la gestión de Ca na Putxa (la Unión Temporal de Empresas Giref) expondrá seguramente las diferencias que mantiene con el Consell. «Es previsible que se abra un periodo muy duro entre la institución, que intentará velar por el interés público y el equilibrio presupuestario, y los intereses de las empresas que quieren explotarlo», advierte.
Las diferencias estriban en el coste del tratamiento de los residuos. El conseller resalta que el procedimiento de contratación de esta obra, pese a ser «muy complejo», tiene un periodo de tramitación reglado de «seis meses».
